LD (EFE) En un breve contacto con la prensa después de reunirse en La Paz con el ministro de Hidrocarburos boliviano, Jaime Dunn, el diplomático indicó que las condiciones de la nueva Ley de Hidrocarburos "no se adecúan al esquema contractual que en su momento se estableció".
Montalbán aclaró que "es la propia empresa la que tiene que tomar sus decisiones", en alusión a la posibilidad de recurrir a la justicia por el cambio de reglas de juego.
Sin embargo, señaló que "en la medida en que estamos obligados a cumplir todas las consecuencias del convenio de protección recíproca de inversiones, el Gobierno español tomará las medidas pertinentes". "Es un principio general de la relación entre estados y de la relación contractual, el principio a los escritos firmados, a la generación de obligaciones entre las partes y al cumplimiento cabal de las obligaciones que cada parte establece" en el contrato, añadió.
Las autoridades de Bolivia promulgaron el pasado 17 de mayo una reforma del sector energético que impone un incremento del 50 por ciento de los impuestos y las regalías que pagan las firmas petroleras en el país, la mayoría extranjeras, así como la recuperación de varias atribuciones ejecutivas del Estado en el negocio.
Montalbán aclaró que "es la propia empresa la que tiene que tomar sus decisiones", en alusión a la posibilidad de recurrir a la justicia por el cambio de reglas de juego.
Sin embargo, señaló que "en la medida en que estamos obligados a cumplir todas las consecuencias del convenio de protección recíproca de inversiones, el Gobierno español tomará las medidas pertinentes". "Es un principio general de la relación entre estados y de la relación contractual, el principio a los escritos firmados, a la generación de obligaciones entre las partes y al cumplimiento cabal de las obligaciones que cada parte establece" en el contrato, añadió.
Las autoridades de Bolivia promulgaron el pasado 17 de mayo una reforma del sector energético que impone un incremento del 50 por ciento de los impuestos y las regalías que pagan las firmas petroleras en el país, la mayoría extranjeras, así como la recuperación de varias atribuciones ejecutivas del Estado en el negocio.
En octubre de 2001, España y Bolivia suscribieron un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que fue elevado a rango de ley por los parlamentos de ambos países y que permanece vigente. El acuerdo establece que si se produce una controversia que no pudiera resolverse de modo amigable en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, ésta será sometida, a petición de cualquiera de las partes contratantes, a un tribunal de arbitraje.
La compañía hispano-argentina Repsol YPF, que opera los principales campos de Bolivia, anunció a principios de mes que la nueva normativa "vulnera derechos esenciales del ordenamiento jurídico boliviano e internacional", por lo que "le parece inevitable la defensa legal de los derechos de sus accionistas".
La compañía hispano-argentina Repsol YPF, que opera los principales campos de Bolivia, anunció a principios de mes que la nueva normativa "vulnera derechos esenciales del ordenamiento jurídico boliviano e internacional", por lo que "le parece inevitable la defensa legal de los derechos de sus accionistas".