En los últimos cinco años se ha producido un incremento del personal que trabaja para la Administración Pública, lo que genera un coste de casi 10.000 euros al año por ciudadano. El proceso de descentralización autonómica y las mayores competencias municipales explican una parte de este proceso, aunque el Estado sigue contratando empleados a velocidad de vértigo.
Según informe de la patronal catalana Pimec al que ha tenido acceso LD, "la dinámica de crecimiento de empleo público desde 2004 ha sido de un claro crecimiento, con tasas superiores a las del conjunto de la economía". Dentro de las diversas clases de personal al servicio de la Administración "el funcionariado ha crecido un 20,6% en los últimos cinco años, cifra claramente superior al 8,5% que ha crecido el conjunto del empleo en España".
En todo el territorio nacional, seis de cada diez empleados públicos son funcionarios de carrera (con trabajo estable, mediante oposición), mientras que el 26,3% son "personal laboral" y el 13,7% funcionarios interinos, trabajadores eventuales y otros tipos de empleados públicos.
De esta forma, el aumento total de los empleados de la Administración (incluyendo todas las categoría anteriormente mencionadas) ha sido del 11,9% entre 2004 y 2009. Este crecimiento ha sido superior al crecimiento del empleo en el conjunto de la economía, de forma que el peso se los trabajadores públicos sobre el total se ha disparado, hasta alcanzar una tasa del 14,1%.
Por tipo de Administración, el Estado emplea al 21,4% de los trabajadores públicos, las comunidades autónomas el 49,5% y los ayuntamientos el 23,4%. El resto de empleados se reparten entre Universidades y Correos.
"Que en el contexto de un Estado descentralizado el personal autonómico y de los ayuntamientos haya crecido (concretamente un 12% y un 15%, respectivamente), parece lógico; pero no lo es tanto que la Administración Central continúe creciendo como lo ha hecho, con un aumento del 6,1% de empleados", señala el informe.
Además, es necesario recordar que más de las tres cuartas partes del personal que trabaja para los gobiernos regionales lo hacen en la docencia no universitaria y en los centros de salud, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas.
Más empleo público, menos crecimiento del PIB
Aunque no todos los ejecutivos regionales son igual de eficientes a la hora de contratar personal. De hecho, los datos del estudio ponen de manifiesto que cuanto mayor es el nivel de actividad económica, menor es la incidencia del sector público. Con la excepción, claro está, de Madrid que concentra la Administración del Estado como capital de España.
Y, en sentido contrario, cuanto menor es el desarrollo económico de una región, mayores tasas de empleados públicos presenta respecto al sector privado y al conjunto de la población.
Analizando con detalle este aspecto, Pimec revela que si se compara el volumen de personas que trabajan para el sector público respecto a los que desarrollan su labor en empresas privadas, la comunidad autónoma con una mayor tasa es Extremadura, con un 23,3%. Le siguen Castilla-La Mancha (15,7%), Andalucía (15,6%) y Aragón (14,8%).
Otra forma de valorar el peso del sector público en las distintas regiones españolas se realiza introduciendo el criterio de población. Así, si se calcula el personal al servicio de la Adminsitración Pública por cada 1.000 habitantes, a la cabeza también se sitúa Extremadura con un 82.8; seguida por Castilla- León (66,4), Madrid (65,7) y Aragón (65,3).
Distribución por sectores
Finalmente, es necesario también hacer referencia a la distribución del empleo público por sectores. La educación lidera el ránking, debido a la importancia de la docencia pública en España. En concreto, de cada 100 empleados que se dedican a esta actividad el 64,8% lo hacen para la Administración. La sanidad, es el otro gran sector que destaca el informe, con una proporción del 50%.
En cuanto al volumen de empleados por sectores y CCAA el estudio también aporta más detalles:
