La inmensa mayoría de analistas y autoridades de política económica coinciden en que hay que parar esto de alguna manera: es necesario recortar el déficit y poner la deuda bajo control. En lo que no coinciden, sin embargo, es en cómo llevar a cabo este ajuste fiscal. ¿Se suben los impuestos a la vez que se recorta el gasto? ¿Qué impuestos se suben? ¿Por dónde se recorta el gasto y en qué cuantía? ¿Dónde ponemos el énfasis?
De hecho, en los últimos meses la Administración Obama ha estado discutiendo acerca de esta cuestión y numerosas organizaciones norteamericanas han ofrecido sus respectivos planes. La propuesta liberal de ajuste fiscal no ha quedado huérfana, gracias al trabajo de la plataforma Recortando el Gobierno federal del Cato Institute.
En su estudio, titulado Un plan para recortar el gasto y equilibrar el presupuesto federal, sostiene en primer lugar que el problema de déficit que sufre los EEUU se debe, principalmente, al aumento descontrolado del gasto público en los últimos años, y no tanto al desplome de los ingresos fiscales. Por ello, estos analistas afirman que sin recortes importantes en el gasto, EEUU "se dirige hacia el camino de la ruina económica".
Al contrario de lo que afirmarían los autores keynesianos, este recorte del gasto no deprimiría la actividad económica sino todo lo contrario, como también ha venido defendiendo el prestigioso economista de Harvard Alberto Alesina en sus estudios sobre los ajustes fiscales. Así, los recursos productivos se desplazarían de proyectos poco rentables del Gobierno hacia usos más rentables por parte del sector privado.
Los analistas del Cato señalan dos escenarios distintos en cuanto a la profundidad del recorte del gasto. Por un lado, proponen un plan por el cual se llegaría al equilibrio presupuestario en 2020, que consistiría en reducciones anuales del gasto de alrededor de 1 billón de dólares (lo que equivale grosso modo al PIB español) hasta 2020, y sin necesidad de aumentar los impuestos. Por otro lado, un plan menos ambicioso, con el objetivo de estabilizar la cantidad de deuda, llegaría al 3% de déficit sobre el PIB en 2020, con algo menos de la mitad de recortes en el gasto que el primer plan (470.000 millones de dólares).
El siguiente gráfico muestra los distintos escenarios. En rojo el plan de Obama, que reduciría el déficit ligeramente en los próximos años, para mantenerlo constante a partir de 2013. En azul el plan de estabilización de la deuda, y en verde el plan por el que en 2020 gastos e ingresos se igualarían. En negro se muestra la evolución estimada de los ingresos federales, tal y como prevé la Administración Obama.
Gastos e ingresos federales proyectados, en porcentaje del PIB
Estos recortes de gastos anuales provendrían de distintas partidas, de las que destacan los programas Medicare, Medicaid, y la Seguridad Social (474.000 millones), el gasto dedicado a defensa militar (150), los múltiples programas de subvenciones o los ingresos y ahorros derivados de privatizaciones, entre las que destaca el control del tráfico aéreo. Así, incluyendo el ahorro por los pagos de intereses de la deuda, el gasto total en 2020 sería de alrededor de 1,2 billones dólares, muy inferior al estimado en el plan de austeridad de Obama, que ascendería a 5,6 billones.
El Cato denuncia la expansión desmedida en el alcance y tamaño del Gobierno federal en las últimas décadas. Por ejemplo, la entidad señala que desde mediados de los años 80 se ha duplicado la cantidad de programas independientes de subsidios, tales como los destinados a los agricultores, la industria energética e, incluso, la compra de armas a otros países. El plan de ajuste incluye recortes a estos programas en numerosas áreas.
"Cada programa de subvención cuesta dinero, genera una burocracia, espolea a grupos de presión y anima a la gente a demandar más regalos del Gobierno. Los subsidios del Ejecutivo federal son como drogas adictivas que minan las tradiciones de América de responsabilidad individual, caridad voluntaria y emprendimiento", denuncian.
También critican el hecho de que el Gobierno federal se entrometa cada vez más en cuestiones que deberían ser competencia de las autoridades estatales y locales, tal y como se desprende de los principios federalistas de la Constitución norteamericana. Por ello, no es de extrañar que los estados amenacen de vez en cuando con el secesionismo.
Además, proponen reformar drásticamente el sistema por el cual Washington transfiere recursos a los gobiernos estatales para financiar sus gastos. Estas ayudas federales estimulan un gasto excesivo, crean una compleja red de regulaciones federales que reducen la competencia y minan la responsabilidad fiscal, según el estudio del Cato.
Reforma sanitaria
En lo que se refiere a los programas de asistencia social (Medicare, Medicaid y la Seguridad Social), el Cato defiende una reestructuración ambiciosa, aunque ésta no se incluye en el plan de reducción de déficit. Sin embargo, sí que proponen algunos recortes, dado que consideran que son estas partidas las principales causas de los problemas fiscales de EEUU. Tales reducciones supondrían un mayor control sobre los costes del sistema sanitario y la Seguridad Social, incluyendo un aumento paulatino en la edad de jubilación.
Según el estudio, la emergencia fiscal que sufre Estados Unidos requiere no sólo reducir la "grasa" que se acumula en el gasto federal sino también parte de la "carne". Sólo así puede hacerse un recorte significativo. Además, señalan que más que recortes sociales, esta estrategia supondría devolver a la sociedad civil mayor margen de maniobra y capacidad de iniciativa. "Si las actividades que se recortan son útiles para la sociedad, entonces los gobiernos estatales o grupos privados deberían financiarlas, y esas entidades probablemente serían más eficientes en eso".