L D (Agencias) El consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha dado luz verde a la opa de E.ON sobre Endesa, aunque con condiciones que se conocerán en detalle este viernes, por medio de una comparecencia específica en la sede de la CNE. La CNE podrá obligar a E.ON a vender Endesa si durante los próximos diez años un tercero compra, directa o indirectamente, más del 50 por ciento del grupo energético alemán, según el acuerdo del Consejo de Administración del organismo regulador.
La CNE se reserva así la potestad para pronunciarse de nuevo sobre la operación, "atendiendo a la existencia de motivos fundados para entender que tal cambio de titularidad pueda afectar negativamente el interés general en el sector energético". La empresa alemana E.ON deberá mantener a Endesa tal como está en la actualidad y no podrá fusionarse con la eléctrica durante un plazo de diez años desde la toma de control efectiva la empresa. La empresa que dirige Wulf Bernotat no podrá eliminar sociedades del grupo Endesa ni reorganizar el su estructura empresarial.
Endesa se deberá desprender del 30 por ciento de su mercado en España
Según El Mundo, se impondrá a la corporación presidida por Wulf Bernotat que se desprenda del 15% de los activos que la eléctrica española posee a nivel mundial, lo que supone el 30% de la potencia en España. El debate sobre las condiciones para la operación fue duro. Tras casi 12 horas de reunión, se ha conocido que en cuanto a la energía nuclear, la empresa alemana deberá ceder su participación en las centrales en las que también participe Endesa a otros socios españoles y deberá desprenderse, en concreto, de la central nuclear de Ascó (Tarragona).
El gigante alemán lanzó una OPA sobre Endesa el pasado mes de febrero un precio de 27,50 euros por acción, lo que supone casi 30.000 millones de euros. No obstante, la eléctrica que preside Manuel Pizarro procedió a pagar un dividendo de 2,09 euros por título el pasado día 3 de julio, con lo que la empresa alemana redujo su oferta hasta los 25,4 euros por acción, y la valoración se sitúa en casi 27.000 euros. No obstante, Endesa considera que ninguna de las dos OPAS, ni la de Gas Natural ni la de E.ON, refleja el valor real de la empresa.
Los consejeros de la CNE se han reunido a lo largo de esta semana con carácter informal para estudiar la oferta de E.ON, en virtud de las nuevas competencias asumidas que fueron aprobadas en Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero y que habilitan a este organismo para autorizar o vetar las operaciones que se realicen sobre empresas del sector energético español. Sobre este aspecto se pronunció el miércoles Bruselas. En opinión del portavoz de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario, Oliver Drewes, la Comisión de la Energía tiene "demasiados poderes discrecionales, lo cual no garantiza que haya un proceso transparente y justo. Eso vulnera, desde nuestro punto de vista, al menos dos principios básicos del Tratado: la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento".
Según fuentes próximas al organismo regulador, las condiciones van encaminadas a preservar la seguridad del suministro energético, de acuerdo con las nuevas funciones asignadas a la CNE. Estas condiciones estarán en línea con lo que se ha barajado desde el principio, aunque se alejarán de los planteamientos del ponente, Jorge Fabra, partidario incluso de exigir a E.ON la venta de Ruhrgas, su filial gasista.
El Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de febrero, señala que las operaciones de concentración en el sector energético podrán ser denegadas o sometidas a condiciones por la "existencia de riesgos significativos" para las actividades reguladas o para proteger el interés general, en particular los activos estratégicos. Se consideran activos estratégicos "aquellos que puedan afectar a la garantía y seguridad de los suministros de gas y electricidad", entre ellos los gasoductos internacionales, las instalaciones de transporte de electricidad, las instalaciones de producción, transporte y distribución de los sistemas insulares y extrapeninsulares, y las centrales nucleares y de carbón.
Las fuentes consultadas descartaron que el Gobierno haya negociado con las empresas y añadieron que lo lógico es que el Consejo de la CNE se ajuste a la normativa que fija sus competencias.
El Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de febrero, señala que las operaciones de concentración en el sector energético podrán ser denegadas o sometidas a condiciones por la "existencia de riesgos significativos" para las actividades reguladas o para proteger el interés general, en particular los activos estratégicos. Se consideran activos estratégicos "aquellos que puedan afectar a la garantía y seguridad de los suministros de gas y electricidad", entre ellos los gasoductos internacionales, las instalaciones de transporte de electricidad, las instalaciones de producción, transporte y distribución de los sistemas insulares y extrapeninsulares, y las centrales nucleares y de carbón.
Las fuentes consultadas descartaron que el Gobierno haya negociado con las empresas y añadieron que lo lógico es que el Consejo de la CNE se ajuste a la normativa que fija sus competencias.