LD (Europa Press) La compañía que preside Manuel Pizarro considera que "no existe amenaza real alguna" para el suministro, y afirma que la CNE fundamenta su decisión en motivos de seguridad física de las centrales nucleares, lo que "excede manifiestamente" sus competencias e invade las del CSN, que tiene autoridad "exclusiva" en asuntos de seguridad nuclear. Además, Endesa afirma que la modificación del accionista mayoritario o de la titularidad en las centrales nucleares "resulta irrelevante" respecto a la garantía del suministro, pues existen "abundantes precedentes", dentro de la propia Unión Europea, de compañías extranjeras que operan o controlan activos nucleares, como es el caso de la propia E.On en Suecia, o de las francesas Suez y EDF en Bélgica y Alemania.
Endesa considera, además, que "si los Gobiernos alemán, sueco o belga, e incluso el propio Gobierno español en el caso de Hidrocantábrico y Vandellós I, no han advertido ningún problema de seguridad pública por el hecho de que una compañía extranjera controle activos nucleares, no debería haber ninguna razón para que ahora E.On tuviese problemas en gestionar activos nucleares en España".
De esta forma, cuestiona Endesa la decisión de la CNE en el recurso de alzada que presentó el pasado día 11 de agosto ante el Ministerio de Industria, al que ha tenido acceso EurOPA Press, donde, además, alerta sobre los riesgos para el mercado español de vender los activos nucleares que ahora mismo gestiona. La eléctrica afirma que si se aplicaran los supuestos que establece la CNE, la operación de venta perjudicaría significativamente a Endesa y E.On por "limitar el mercado de posibles adquirientes".
Compradores inexpertos
La compañía española señala que, según el dictamen de la CNE, Endesa tendría pocas opciones a la hora de vender sus activos nucleares, de forma que o bien podría venderlos a una empresa española sin experiencia en gestión nuclear, o se vería forzado a venderlos a alguna empresa española que sí cuente con experiencia, lo que limitaría las posibilidades a Iberdrola y Unión Fenosa. Endesa excluye a Hidrocantábrico de los posibles compradores al considerar que, por estar participada mayoritariamente por la empresa portuguesa EDP, se le plantearían los mismos problemas que, según la CNE, obligan a la desinversión de activos que se le pide al grupo E.On, y señala que la posibilidad de que el comprador sea extranjero se reduce debido a que la CNE establece la cesión "inmediata" de la gestión a una empresa española.
"Cuasi monopolio" de Iberdrola
Iberdrola, el mayor competidor en el mercado español de Endesa, sería, a juicio de la primera eléctrica española, el principal candidato para hacerse con la mayoría de los activos de ésta, por lo que Endesa denuncia, además, que esta operación supondría un proceso de concentración que implicaría el establecimiento de una posición de "cuasi monopolio" en los activos nucleares españoles. Este dominio "casi absoluto" de Iberdrola sí que implicaría, según Endesa, una "potencial" afectación negativa a la seguridad nuclear misma, puesto que prácticamente "todo lo relativo a ella estaría en manos de una sola sociedad, desapareciendo el sistema de contrapesos actualmente existente", que establece la cotitularidad de la mayor parte de las centrales y la exigencia de unanimidad para decisiones fundamentales relativas a las mismas.
Endesa afirma además que no existe razón para obligar a E.On a ceder la gestión a Iberdrola de las centrales que gestiona conjuntamente con Endesa, pues "incluso si E.On quisiera actuar en contra del interés publico, cosa que se niega, según el actual sistema de gestión de las centrales nucleares que exige unanimidad en la toma de decisiones, Iberdrola podría ejecutar su derecho a veto". La empresa señala que la afirmación de la CNE de que existe riesgo para el suministro se basa en "meras hipótesis" y afirma que, "ésta posibilidad en ningún caso es real". Términos como "potencial, posiblemente, podría, conveniente o aún cuando el riesgo fuera pequeño" son habituales en el dictamen de la Comisión, lo que hace que "cueste aceptar que toda esta cadena de hipótesis, conjeturas y presunciones sin apoyo numérico u objetivo, tengan una afectación real al suministro", sentencia.
La eléctrica española recuerda que “para garantizar el suministro realmente, habría bastado con que se hubiera impuesto a E.On la obligación de mantener el actual sistema de gestión de las centrales nucleares", por lo que "no queda duda de se ha ido más allá de lo necesario para proteger los intereses públicos, vulnerando el principio de proporcionalidad".