LD (EFE) El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, se entrevistó secretamente el pasado 6 de noviembre con José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de la Moncloa. La CE tenía previsto para el día 9 la decisión sobre si aceptaba el caso de la OPA hostil de Gas Natural sobre Endesa, decisión que luego se retrasó hasta el día 15. En la conversación, según confirmó la propia CE, los dos mandatarios trataron sobre la OPA, asunto que finalmente las autoridades europeas rechazaron abordar, dejando el asunto en manos del Gobierno español, que había presionado a la propia CE. Endesa cree que en la decisión de la CE hay “falta de transparencia”.
Asimismo, denuncia que, para calcular el volumen de negocio de la compañía, Bruselas no tuvo en consideración sus cuentas consolidadas para 2004 elaboradas con arreglo a las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de aplicación obligatoria a partir de 2005. Subraya también que deberían tenerse en cuenta los ajustes contables efectuados por Endesa, pues permiten determinar el valor económico real de las empresas objeto de la concentración. Tras remitir el caso al Gobierno español, la CE anunció que cambiaría la normativa sobre fusiones.
La OPA hostil de Gas Natural sobre la totalidad del capital de Endesa fue anunciada el pasado septiembre y pocos días después, la eléctrica solicitó a la Comisión Europea que se hiciera cargo del análisis de la operación. La Comisión decidió, en noviembre, que dado que las dos compañías tuvieron en 2004 (último ejercicio completo) más del 66 por ciento de su cifra de negocio en España, el análisis de la OPA correspondía a las autoridades nacionales.
Tras conocer esa decisión, Endesa presentó un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE y solicitó la paralización de la operación hasta que esa Corte decidiera sobre el fondo del asunto. El pasado día 1, el presidente de este Tribunal, Bo Vestendorf, rechazó la petición de Endesa de paralizar la operación al juzgar que la empresa eléctrica no demostró que sufriría un "perjuicio grave e irreparable" si continúa la operación. Tras estudiar sendos informes del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Energía, el Gobierno español aprobó el pasado día 3 la OPA, con veinte condiciones, trece de fondo y siete de procedimiento.