LD (EFE) Así lo anunció el vicepresidente primero del Gobierno madrileño, Ignacio González, al término del primer Consejo del Ejecutivo regional de este año, donde dio cuenta de las conclusiones de este informe del Tribunal de la Competencia de Madrid que, dijo, ratifica el que hiciera público en su día el Tribunal de Defensa del Consumidor.
González anunció además que el Gobierno madrileño va a remitir este informe, de 35 paginas y 7 conclusiones, al vicepresidente Económico, Pedro Solbes, para que "lo tenga en cuenta", y a la vista del cual el Ejecutivo regional estima que esta operación "no debería seguir adelante".
Por su parte, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, confesó al respecto que "como soy muy sincera y digo siempre lo que pienso", no tenía "ninguna esperanza" de que el ministro Solbes o el Gobierno acepten estas conclusiones. Matizó, sin embargo, que "las OPAS no las decide el Gobierno, sino los accionistas" y que ellos son "los que deciden vender o no en función de sus intereses". En este caso particular, añadió, "hay un accionista mayoritario, que es Caja Madrid, y pienso que no tendrá mucho interés en aceptar la OPA".
Según recordó el vicepresidente primero regional, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid recibió una solicitud para que realizara un informe sobre la OPA el pasado 8 de septiembre. En sus conclusiones, el Tribunal establece que la OPA "podría tener consecuencias negativas sobre la libre competencia, sobre los consumidores y sobre el mercado madrileño", pues la empresa fusionada se convertiría en el "único proveedor" del mercado eléctrico y de gas de la región.
Además, el Tribunal considera que la OPA "dificulta la creación de un sector energético competitivo en España" y señala que Gas Natural ostenta ya "una posición dominante en el mercado gasista". En este contexto, añade que Gas Natural "se beneficia de un notable grado de hegemonía de aprovisionamientos e infraestructuras" y que por tanto, resultaría, "poco aceptable, en términos de competencia, el uso de rentas casi monopolísticas para adquirir compañías privadas" que a su vez operan en el mercado.
González anunció además que el Gobierno madrileño va a remitir este informe, de 35 paginas y 7 conclusiones, al vicepresidente Económico, Pedro Solbes, para que "lo tenga en cuenta", y a la vista del cual el Ejecutivo regional estima que esta operación "no debería seguir adelante".
Por su parte, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, confesó al respecto que "como soy muy sincera y digo siempre lo que pienso", no tenía "ninguna esperanza" de que el ministro Solbes o el Gobierno acepten estas conclusiones. Matizó, sin embargo, que "las OPAS no las decide el Gobierno, sino los accionistas" y que ellos son "los que deciden vender o no en función de sus intereses". En este caso particular, añadió, "hay un accionista mayoritario, que es Caja Madrid, y pienso que no tendrá mucho interés en aceptar la OPA".
Según recordó el vicepresidente primero regional, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid recibió una solicitud para que realizara un informe sobre la OPA el pasado 8 de septiembre. En sus conclusiones, el Tribunal establece que la OPA "podría tener consecuencias negativas sobre la libre competencia, sobre los consumidores y sobre el mercado madrileño", pues la empresa fusionada se convertiría en el "único proveedor" del mercado eléctrico y de gas de la región.
Además, el Tribunal considera que la OPA "dificulta la creación de un sector energético competitivo en España" y señala que Gas Natural ostenta ya "una posición dominante en el mercado gasista". En este contexto, añade que Gas Natural "se beneficia de un notable grado de hegemonía de aprovisionamientos e infraestructuras" y que por tanto, resultaría, "poco aceptable, en términos de competencia, el uso de rentas casi monopolísticas para adquirir compañías privadas" que a su vez operan en el mercado.
Asimismo el Tribunal opina que la empresa resultante de la OPA gozaría de un "monopolio efectivo" en los mercados de gas y electricidad en la mayoría de las comunidades españolas que dañaría a la competencia en ambos sectores y también estima que es "objetable" el acuerdo de Gas Natural con Iberdrola pues "fortalece el duopolio eléctrico" y "el riesgo de colusión". Entiende, además, que el acuerdo Gas Natural-Iberdrola no puede considerarse como ejercicio de libertad de empresa "porque alterna de forma sustancial la estructura del mercado energético español".
"La OPA de Gas Natural sobre Endesa –continúa el informe en sus conclusiones– es inaceptable mientras se mantenga la posición dominante" de la compañía gasística que además, dice, la ha adquirido "mediante la concesión de privilegios regulatorios" que le han sido otorgados, por lo que estima que cualquier operación de adquisición por su parte exigiría "una liberación previa del mercado gasista".
Por otro lado, el Tribunal señala que la promotora financiera de esta operación, La Caixa, no se ha sometido al control propio de las sociedades mercantiles que "en última instancia está controlada por el poder político" y desde esta perspectiva, dice que sería "necesario imponer limitaciones a la toma de control de compañías privadas por parte de Cajas de Ahorro". Estima, por último, que la OPA levantaría "fuertes barreras" a la hora de que los consumidores madrileños puedan elegir con libertad el suministrador energético y que Iberdrola se convertiría en "el único proveedor simultáneo de gas y electricidad" para una parte importante de los usuarios de la región.
"La OPA de Gas Natural sobre Endesa –continúa el informe en sus conclusiones– es inaceptable mientras se mantenga la posición dominante" de la compañía gasística que además, dice, la ha adquirido "mediante la concesión de privilegios regulatorios" que le han sido otorgados, por lo que estima que cualquier operación de adquisición por su parte exigiría "una liberación previa del mercado gasista".
Por otro lado, el Tribunal señala que la promotora financiera de esta operación, La Caixa, no se ha sometido al control propio de las sociedades mercantiles que "en última instancia está controlada por el poder político" y desde esta perspectiva, dice que sería "necesario imponer limitaciones a la toma de control de compañías privadas por parte de Cajas de Ahorro". Estima, por último, que la OPA levantaría "fuertes barreras" a la hora de que los consumidores madrileños puedan elegir con libertad el suministrador energético y que Iberdrola se convertiría en "el único proveedor simultáneo de gas y electricidad" para una parte importante de los usuarios de la región.