LD (EFE) El Gobierno acordó el pasado mes de febrero recurrir esa norma y pedir al Tribunal Constitucional la suspensión del precepto impugnado. Una vez admitido a trámite el recurso, la suspensión es automática, aunque en el plazo máximo de cinco meses el TC deberá decidir si la mantiene hasta que haya sentencia definitiva o la levanta y permite su aplicación.
El precepto recurrido es la disposición transitoria quinta de la Ley de Acompañamiento (la 10/2002 del Parlamento de Andalucía) que obliga a renovar los órganos de gobierno de las cajas de ahorro "con domicilio social en Andalucía" en determinados plazos y de acuerdo con una serie de normas que recoge la propia ley en otra disposición y que aumentan la representación de los empleados, disminuyen la de los impositores y permiten la entrada de otras organizaciones.
Con esta disposición, el PSOE pretendía evitar que Cajasur, la entidad presidida por Miguel Castillejo, sortease la tutela autonómica y pasase a ser controlada directamente por el Ministerio de Economía. La nueva regulación se introdujo en la Ley de Acompañamiento mediante una enmienda del PSOE, que la justificó en la necesidad de "reforzar los fines sociales" de las cajas, evitar su privatización encubierta y "recuperar y mantener el control" andaluz sobre CajaSur, entidad fundada por la Iglesia Católica y la Diputación Provincial de Córdoba.
Esta caja -la segunda mayor de Andalucía- decidió en diciembre adherirse a la Ley Financiera estatal, recurrida a su vez por la Junta, y que permite a las entidades donde tiene presencia la Iglesia Católica pasar a la tutela del Ministerio de Economía, desvinculándose así del control de la Junta de Andalucía. El Gobierno ha decidido ahora recurrir ante el TC la nueva regulación incluida en la Ley de Acompañamiento andaluza por entender que "se aparta deliberadamente de las circunstancias de hecho que determinan la aplicación de la norma básica estatal con el único fin de dificultar su aplicación".
El precepto recurrido es la disposición transitoria quinta de la Ley de Acompañamiento (la 10/2002 del Parlamento de Andalucía) que obliga a renovar los órganos de gobierno de las cajas de ahorro "con domicilio social en Andalucía" en determinados plazos y de acuerdo con una serie de normas que recoge la propia ley en otra disposición y que aumentan la representación de los empleados, disminuyen la de los impositores y permiten la entrada de otras organizaciones.
Con esta disposición, el PSOE pretendía evitar que Cajasur, la entidad presidida por Miguel Castillejo, sortease la tutela autonómica y pasase a ser controlada directamente por el Ministerio de Economía. La nueva regulación se introdujo en la Ley de Acompañamiento mediante una enmienda del PSOE, que la justificó en la necesidad de "reforzar los fines sociales" de las cajas, evitar su privatización encubierta y "recuperar y mantener el control" andaluz sobre CajaSur, entidad fundada por la Iglesia Católica y la Diputación Provincial de Córdoba.
Esta caja -la segunda mayor de Andalucía- decidió en diciembre adherirse a la Ley Financiera estatal, recurrida a su vez por la Junta, y que permite a las entidades donde tiene presencia la Iglesia Católica pasar a la tutela del Ministerio de Economía, desvinculándose así del control de la Junta de Andalucía. El Gobierno ha decidido ahora recurrir ante el TC la nueva regulación incluida en la Ley de Acompañamiento andaluza por entender que "se aparta deliberadamente de las circunstancias de hecho que determinan la aplicación de la norma básica estatal con el único fin de dificultar su aplicación".