LD (EFE) Los ejecutivos de Repsol detenidos en marzo en la ciudad oriental de Santa Cruz –orden que luego se cambió por fianza y otras medidas cautelares– son el español Julio Gavito, entonces presidente de Andina, filial boliviana de la multinacional, y el argentino Pedro Sánchez, gerente de operaciones.
Los fiscales "libraron las órdenes de aprehensión cuando estaban impedidos de realizar actos en la investigación, incurriendo de ese modo en un acto ilegal y violatorio del derecho a la libertad de los recurrentes, incurriendo en evidente persecución indebida, por lo que corresponde otorgar la tutela que brinda el recurso de hábeas corpus", asegura el Constitucional.
La sentencia fue divulgada este martes en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, pero fue emitida el pasado 25 de abril. El Tribunal revoca en parte otra sentencia de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso de "hábeas corpus" interpuesto por Gavito y Sánchez.
La Aduana de Bolivia abrió el caso en febrero, al acusar a Repsol de exportar ilegalmente 230.000 barriles de petróleo, por valor de 9,2 millones de dólares. Repsol YPF ha insistido en que sus ejecutivos son inocentes; admite que pudo haber un error administrativo, pero en ningún caso un delito, por lo que ha pedido que el proceso no sea penal, y lo mismo ha manifestado el gobierno español.
Los fiscales "libraron las órdenes de aprehensión cuando estaban impedidos de realizar actos en la investigación, incurriendo de ese modo en un acto ilegal y violatorio del derecho a la libertad de los recurrentes, incurriendo en evidente persecución indebida, por lo que corresponde otorgar la tutela que brinda el recurso de hábeas corpus", asegura el Constitucional.
La sentencia fue divulgada este martes en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, pero fue emitida el pasado 25 de abril. El Tribunal revoca en parte otra sentencia de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso de "hábeas corpus" interpuesto por Gavito y Sánchez.
La Aduana de Bolivia abrió el caso en febrero, al acusar a Repsol de exportar ilegalmente 230.000 barriles de petróleo, por valor de 9,2 millones de dólares. Repsol YPF ha insistido en que sus ejecutivos son inocentes; admite que pudo haber un error administrativo, pero en ningún caso un delito, por lo que ha pedido que el proceso no sea penal, y lo mismo ha manifestado el gobierno español.
Evo Morales contra el Poder Judicial
Hay que recordar que los problemas de Evo Morales con la justicia no son nuevos y que el pasado 17 de abril lanzó una invectiva contra el Poder Judicial de su país. Se puso a sí mismo como un luchador contra la corrupción, para lamentar acto seguido que "algunas vacas sagradas de la justicia boliviana no acompañen ese proceso de cambio". A su juicio, las entidades del poder Judicial se unieron para "enfrentarse a un gobierno del movimiento popular, del movimiento indígena''.
Estas palabras fueron pronunciadas después de que varios órganos del Poder Judicial se quejaran del constante acoso por parte del presidente Morales. Nada menos que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agrario Nacional y las nueve Cortes departamentales acusaron al Gobierno de injerencia y atropellos a su autonomía y dignidad.