(Libertad Digital) El Tribunal Supremo espera recibir en las próximas horas el informe que le ha remitido Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco, acerca de su imposibilidad para disolver al grupo parlamentario de ETA-Batasuna. Atutxa argumenta en su escrito que, aunque promovió una iniciativa, aprobada en la Mesa de la Cámara, para disolver a aquellos grupos parlamentarios condenados por los tribunales, luego dicha iniciativa no fue aprobada en la Junta de Portavoces y, por tanto, Atutxa declara su incapacidad para hacer que se cumpla la sentencia del Supremo en lo que respecta a Socialista Abertzaleak, el nombre del grupo que representa a ETA en la Cámara de Vitoria.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado ya preparan sus escritos de querella, mientras que el jueves por la tarde se reunirá la Sala 61 del Alto Tribunal y analizará detalladamente el escrito remitido por Atutxa. Según fuentes jurídicas, la Sala no admitirá las excusas del presidente del Parlamento vasco y lo más probable es que acuerde, como ya advirtió, deducir testimonio a la Fiscalía por la posible comisión de un delito de desobediencia, al no hacer que se cumpliera una sentencia en firme del Alto Tribunal. Al tiempo, los magistrados también tendrán que valorar si inician un proceso contra los miembros de la Junta de Portavoces del Parlamento vasco que votaron en contra de la disolución del grupo de ETA-Batasuna.
Según Efe , la postura mayoritaria estima que Atutxa y otros miembros de la Cámara habrían incurrido en el delito de desobediencia, que lo cometen "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales" y que esta penalizado con una multa y pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un período que va de los seis meses a los dos años. Otro de los delitos que se plantearían podría ser el de prevaricación, que lo comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Este delito se castiga con una pena de inhabilitación especial de entre siete y diez años.
Pero la acción penal contra Juan María Atucha también podría ampliarse a un delito de malversación, ya que, al no disolver al grupo de Sozialista Abertzaleak, también se mantienen sus subvenciones públicas, lo que podría suponer que se están destinando fondos a un fin distinto al previsto, ya que el grupo que representa a ETA en la Cámara vasca ya está formalmente disuelto en la sentencia del Supremo.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado ya preparan sus escritos de querella, mientras que el jueves por la tarde se reunirá la Sala 61 del Alto Tribunal y analizará detalladamente el escrito remitido por Atutxa. Según fuentes jurídicas, la Sala no admitirá las excusas del presidente del Parlamento vasco y lo más probable es que acuerde, como ya advirtió, deducir testimonio a la Fiscalía por la posible comisión de un delito de desobediencia, al no hacer que se cumpliera una sentencia en firme del Alto Tribunal. Al tiempo, los magistrados también tendrán que valorar si inician un proceso contra los miembros de la Junta de Portavoces del Parlamento vasco que votaron en contra de la disolución del grupo de ETA-Batasuna.
Según Efe , la postura mayoritaria estima que Atutxa y otros miembros de la Cámara habrían incurrido en el delito de desobediencia, que lo cometen "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales" y que esta penalizado con una multa y pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un período que va de los seis meses a los dos años. Otro de los delitos que se plantearían podría ser el de prevaricación, que lo comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Este delito se castiga con una pena de inhabilitación especial de entre siete y diez años.
Pero la acción penal contra Juan María Atucha también podría ampliarse a un delito de malversación, ya que, al no disolver al grupo de Sozialista Abertzaleak, también se mantienen sus subvenciones públicas, lo que podría suponer que se están destinando fondos a un fin distinto al previsto, ya que el grupo que representa a ETA en la Cámara vasca ya está formalmente disuelto en la sentencia del Supremo.