El recorte salarial a los funcionarios llevado a cabo por el Gobierno podría ser inconstitucional. Así lo estima la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que en una providencia dictada el 30 de septiembre y hecha pública este jueves duda de la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% a los empleados públicos.
Dicha Sala, encargada de resolver conflictos laborales, admite así a trámite la demanda interpuesta por los sindicatos UGT, CCOO y el SATNP de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), y el Comité Intercentros de la FNMT.
Ante las "dudas sobre la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley 26/2009 (...) por la que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público" la Sala ha acordado por unanimidad dar un plazo de diez días a las partes, es decir, a los sindicatos, al fiscal y a la Abogacía del Estado, para que se pronuncien al respecto.
Este trámite procesal es el paso previo necesario para que a posteriori la Audiencia Nacional pueda preguntar al Tribunal Constitucional si el tijeretazo a los sueldos de los funcionarios se ajusta o no a la Carta Magna. En la citada providencia, se pone en entredicho que la norma afecte "al contenido esencial del derecho a la libertad sindical, en relación con el derecho a la negociación colectiva".
Además, para el tribunal existen "dudas sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho igualdad". El motivo es que el recorte no se aplicó al personal laboral no directivo de las empresas públicas Renfe, ADIF y AENA.
Una vez que las partes hayan sido escuchadas por la Sala, ésta previsiblemente elevará una cuestión de constitucionalidad sobre dicho decreto al TC, único tribunal legitimado para dictaminar si el decreto se ajusta o no a la Constitución.
Por su parte, el abogado de CCOO Enrique Lillo ha señalado esta providencia refuerza la posición defendida por el sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos.
Además, señala que CCOO mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales iniciadas en defensa de los derechos del personal del sector público que afectan a cerca de tres millones de personas.