Por otra parte, todos tienen en las memoria que aquella huelga contra el gobierno del PP no fue "descontada" de la nóminas de los trabajadores mientras que la huelga del 29-S sí lo será. Finalmente, los servicios mínimos serán bien diferentes como ya ha sido demostrado por Comisiones Obreras.
Izquierda Unida, único aliado político de la huelga ya que PSOE y PP no comparten los motivos ni la oportunidad de la convocatoria, sigue con su escalada de tensión verbal . Tras haber llamado "esquiroles" a los diputados populares y socialistas que no quieren alterar el Pleno fijado para el día de la huelga, ahora el mismo portavoz de IU de Andalucía, Diego Valderas, que ha sido presidente del Parlamento, ha llamado "primer piquiete antihuelga" a los más de 100 parlamentarios de 108 que no quieren ir a la huelga.
Según todas las fuentes consultadas, la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves, no descontó la jornada de huelga a los funcionarios que se sumaron a la huelga general contra Aznar del año 2002 a pesar de que tal decisión perjudicaba al dinero público y al servicio de todos los andaluces y españoles.
Los primeros indicios muestran que esta vez, en la que la huelga perjudica a su partido, José Antonio Griñán sí lo hará. En 2002, cuando las organizaciones sindicales afines al PSOE convocaron la huelga general contra Aznar, se vieron beneficiadas por la insostenible conducta de un presidente que no descontó el día de huelga a los que siguieron las consignas sindicales, como parece a todas luces evidente, por interés partidista.
Además de que el hecho contiene un principio de desigualdad y discriminación - al personal de las empresas privadas sí le descontaron naturalmente el día de huelga -, el dinero condonado era dinero público, un dinero que debe ser administrado por un gobierno, pero no regalado o dilapidado.
Griñán no parece seguir el mismo camino, con lo cual tendrá que explicar qué clase de imparcialidad y neutralidad tiene la Junta si cuando el gobierno de España está en manos del PSOE o en manos del PP tiene posiciones tan antagónicas.
De momento, si en 2002 publicó todo una Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el que se hacía público el contenido de los servicios mínimos exigidos, este año no ha publicado nada por lo que los funcionarios, laborales y empleados públicos en general, no saben a qué atenerse, sometiendo a jefes y subordinados a una tensión añadida. Tal comportamiento ya fue denunciada por CC.OO el pasado mes de junio. El coordinador del Área Pública de CCOO de Andalucía, Felipe Falcó, acusó a la Junta de Andalucía de obstaculizar el derecho a la huelga general en el sector público al no publicar en BOJA los servicios mínimos de cara a esta convocatoria.
Asimismo el sindicato denunció que se habían negociado servicios mínimos sin llegar a acuerdo en las áreas de administración general y enseñanza, mientras que en sanidad y justicia se acordaron en su día aunque siguen sin publicarse en BOJA. Según CCOO, esta situación es "inédita" y puede provocar que "haya presiones sobre los trabajadores al no estar respaldados los servicios mínimos mediante su publicación en BOJA".