Todo aquel que haya visto u oído a la portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo estará preocupado por el futuro de su pensión. La señora Isabel López i Chamosa demostró ayer su falta absoluta de criterio para decidir sobre la reforma de este sistema de protección social, su ausencia total de conocimiento sobre la materia y su escasa capacidad de comunicación.
Claro, que tampoco le hace falta saber mucho sobre el tema, ya que su pensión no es la que está en juego porque –para los que todavía no lo sepan- esta reforma no afecta a los políticos. Ellos seguirán disfrutando de su jubilación de oro.
Esta señora que debate el futuro de los millones de pensionistas españoles tiene un currículum que no le serviría a un ciudadano normal (quiero decir que no pertenezca a la casta política) para conseguir un empleo decente. López i Chamosa es diplomada sociolaboral por la UNED y se ha pasado su vida en el entorno nacionalista catalán de UGT y el PSC. ¿A que se quedan ustedes más tranquilos?
Antes de comenzar, hay que recordar que el sistema público de pensiones español es una estafa de estructura piramidal muy similar a la perpetrada por el inversor Bernard Madoff en EEUU. La explicación es sencilla: las pensiones de los jubilados se pagan con el dinero que aportan los trabajadores actuales, lo que pone en riesgo el sistema cuando, como ahora, la sangría laboral ha expulsado del mercado a dos millones de cotizantes desde julio de 2007.
La Comisión del Pacto de Toledo fue creada en 1995 para reformar el sistema de pensiones porque, señoras y señores, el sistema de pensiones tal como lo conocemos está al borde del abismo. Todo el mundo lo sabía, hasta el ministro del paro, Celestino Corbacho, que lo negó durante meses. Una de las medidas "estrella" de la reforma será el cambio en el método de cálculo de las pensiones, de forma que se tengan en cuenta más años de cotización a la hora de determinar el importe de las jubilaciones. En la actualidad es de 15 años.
Esto supondría una rebaja del 5,5% en la cuantía media, pero no afectará a todos los jubilados por igual. Los trabajadores mayores de 50 años despedidos en el fragor de la crisis serán beneficiados.
El otro punto de la reforma que pretende el Gobierno es ampliar la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67 o incluso los 70, con el objeto de evitar que los números rojos de la Seguridad Social obliguen al Ejecutivo a aprobar partidas de gasto en los Presupuestos del Estado destinados a cubrir el agujero que se generará en el sistema de protección social en los próximos meses.
La medida tiene todo el sentido del mundo. La mayoría de los países europeos han aprobado planes similares para luchar contra el efecto del envejecimiento de la población, que provoca que la pirámide demográfica se convierta en un pilar. Cada vez hay más gente mayor que necesita cuidados específicos, elevando el gasto sanitario y reduciendo el número de cotizantes a la Seguridad Social; al mismo tiempo que el índice de natalidad se desploma y la tasa de paro de juvenil se acerca al 50%. Una combinación letal para las pensiones.
Este fenómeno había sido paliado, en parte, durante los años del boom económico gracias a la llegada masiva de inmigrantes que se incorporaron al mercado laboral, pero ahora en plena recesión económica la sangría laboral ha generado casi 5 millones de desempleados en España y el sistema se prepara para perder casi 3 millones de cotizantes en los próximos años.
Una vez realizadas estas consideraciones, es necesario analizar la falta de rigor del Gobierno sobre el futuro del sistema de pensiones y la chapuza de reforma que se plantea ahora. Y aquí es donde entra la señora López i Chamosa y el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos.
La primera espera que "le pasen a limpio" los papeles de la reunión de ayer porque "no entiende nada", y el representante popular firma un cheque en blanco para que el Gobierno pueda mostrar a Bruselas que tiene el apoyo de la oposición para reformar las pensiones.
Sobre la ampliación del periodo de cálculo, el texto acordado establece que se producirá, aunque no dice por cuántos años. En cuanto a la edad legal de jubilación, tampoco se especifica, porque es aquí donde el PP se opone a la propuesta del Gobierno. Se trata, por lo tanto, de una maniobra política para que Zapatero pueda llevar algo bajo el brazo a su encuentro con Merkel.
Todos los diarios económicos hacen referencia a estas cuestiones: la reforma de las pensiones y la cumbre de los jefes de Estado de la UE para determinar la mejor vía de rescatar a países en apuros.
Aunque quizás lo más relevante sea la nueva amenaza de la agencia de calificación Moody´s que amenaza con rebajar la calidad de la deuda pública española por el agujero bancario, el despilfarro autonómico y la errática política económica de Salgado. Como señala El Economista: "España resucita el fantasma del rescate por la revisión de Moody´s". Por su parte, Expansión considera que "el aviso de Moody´s acelera la reforma de las pensiones" y Cinco Días anuncia que "el recorte de la calificación será como mucho de dos escalones".
¿Por qué es importante Moody´s?
En principio, la nota de las agencias de calificación sólo debería importar en función del conocimiento que se supone que tengan sobre la situación de un mercado o una empresa. Si los inversores se fían del criterio de la agencia, su calificación será importante; si no se fían, lo será menos. La realidad es que los mercados hacen bastante caso a las notas de las tres grandes agencias, incluso a pesar de sus errores en los últimos años.
Es algo parecido a lo que pasa cuando un gran medio de comunicación (como The Wall Street Journal o The Economist) critica a un gobierno. Lo relevante no es sólo la precisión del análisis, sino quién lo leerá y cómo lo interpretará. En el caso de las agencias como Fitch Ratings, el grado de seguimiento de los mercados a sus informes es bastante alto.
De esta manera, el coste de la deuda para un estado está bastante relacionado, aunque no sólo, con la nota que le impongan estas agencias. En este sentido, las rebajas sufridas por España en los últimos meses han encarecido su deuda en relación con la alemana. Esto quiere decir que a España le cuesta más caro financiarse.
Este hecho es siempre importante, pero en un momento en el que el déficit público está disparado y cuando los mercados dudan de que España sea capaz en los próximos años de bajar su nivel por debajo del 3% que exige la UE.
Además, hay que tener en cuenta que tener una peor calificación también influye en la posibilidad de comprar (o no hacerlo) un activo. Determinados inversores, tanto públicos como privados, sólo pueden invertir en activos con una nota mínima. Por ejemplo, hay fondos de pensiones que tienen en sus estatutos una cláusula para comprar sólo activos de máxima calidad. En ese caso, la rebaja alejaría más a los inversores de la deuda española... y el Gobierno se vería obligado a pagar una prima aún mayor para encontrar compradores.
Y, lo que quizás sea más importante, una nueva rebaja puede obligar a muchos de estos fondos a vender su deuda española, lo que depreciaría aún más su valor.
¿Tendrá impacto en el sector privado?
Otra cuestión que se suele olvidar en estos casos es el impacto de decisiones de las agencias sobre el sector privado. Aunque el informe trata de la deuda pública, lo cierto es que también implica un encarecimiento de los créditos para las empresas privadas. En teoría, todas las emisiones de deuda privada en un país tienen como máxima nota la que se aplica a su Tesoro Público -aunque sólo sea porque el Gobierno siempre está a tiempo de nacionalizar las empresas antes de incurrir en un default-. Por eso, cuando se rebaja la nota de la deuda de un gobierno se suele rebajar a continuación la de las empresas privadas de ese Estado.
Además, la rebaja en la nota afectará, y mucho, a los balances bancarios. Todas las entidades financieras tienen que mantener un determinado porcentaje de reservas. Este porcentaje se cuantifica en función de sus activos.