La transferencia al País Vasco de la "gestión económica de la Seguridad Social" está sobre la mesa de negociación entre PNV y el Gobierno para dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011. Este punto ha levantando una densa polvareda política en los últimos días, tanto en el País Vasco como a nivel nacional, debido a que pone en riesgo la caja única de las pensiones y el paro. De hecho, el debate está inmerso en un cruce de declaraciones contradictorias por parte de los peneuvistas.
El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, matizó el jueves que su formación tan sólo negocia con el Gobierno una "fórmula" para transferir las políticas activas de empleo, en la que se incluyan las "bonificaciones a las cotizaciones de los empresarios", pero tan sólo las vinculadas con el empleo. Es decir, las rebajas tributarias que perciben las empresas por contratar a determinados trabajadores (parados de larga duración, jóvenes, mayores de 45 años, etc.).
"Las bonificaciones a las cotizaciones de los empresarios son políticas de empleo, no son materialmente Seguridad Social y, por tanto, no pertenecen al ámbito específico de la Seguridad Social", añadió Erkoreka. Según el PNV, esta competencia permitiría ingresar al Gobierno vasco cerca de 480 millones de euros extra al año.
El portavoz nacionalista insistió en que su formación no reivindica, "en principio", la caja única de la Seguridad Social, y que "en ningún caso" pretende su "regionalización", sino que el Gobierno cumpla el Estatuto de Guernica, que encomienda al País Vasco la "competencia para la gestión del régimen económico de la Seguridad Social". Por ello, "habrá que buscar una fórmula para dotar de contenido a esa competencia sin menoscabo de la caja única, pero ésa será una fórmula que habrá que estudiar", advirtió. En Es la Noche de César, de esRadio, el diputado Pedro Azpiazu insistió en la misma idea.
¿Problemas?
El discurso de Erkoreka y su grupo parlamentario está lleno de contradicciones insolubles:
1. En primer lugar, el PNV no sólo exige las políticas activas de empleo. También reclama las "pasivas" (la gestión del dinero destinado al paro) y las pensiones. Los nacionalistas vascos presentaron 15 demandas concretas durante el Debate sobre el Estado de la Nación el pasado julio, en la que una de ellas se refería de forma explícita al traspaso de la "gestión económica de la Seguridad Social", lo cual incluye las cotizaciones destinadas al pago de las pensiones, así como las "políticas pasivas" de empleo (paro).
El propio presidente de la formación, Íñigo Urkullu, recordaba recientemente al Gobierno que tales demandas constituyen la base sobre la que negociar los PGE para 2011. De este modo, el PNV abre el melón de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, que aglutina el dinero para el pago de pensiones y paro, entre otras prestaciones públicas.
2. Erkoreka dice que las "bonificaciones" no son "materialmente Seguridad Social" pero, al mismo tiempo, reconoce que habrá que buscar una "fórmula" para no menoscabar la "caja única". Es decir, admite, aunque de forma indirecta, que dicha transferencia pone en riesgo la unidad del sistema. De hecho, una sentencia del Tribunal Supremo incluye dichas subvenciones en la caja única.
3. Todas las CCAA tienen transferidas las políticas activas de empleo, a excepción del País Vasco. En los últimos años, todos los gobiernos centrales han rechazado esta transferencia al Gobierno foral debido, precisamente, al riesgo que ello supone para la unidad de la caja.
El pasado año el PNV también negoció con el Gobierno este traspaso, pero finalmente el acuerdo no fue posible ya que también exigía gestionar el "régimen económico" de esta partida, poniendo así en riesgo la unidad de la Seguridad Social. Los nacionalistas bloquearon el acuerdo bajo la excusa de evitar un traspaso "sesgado", en el que se excluyesen las bonificaciones por contratación.
Y es que tales "bonificaciones" para contratar trabajadores están incluidas en una partida a escala nacional. Una empresa puede deducirse un porcentaje de las cotizaciones al contratar a un determinado empleado, pero la Seguridad Social tiene que recibir idéntica contribución por trabajador. Lo que se ahorra el empresario se repone de una partida especial en los Presupuestos Generales del Estado, dotada a escala nacional.
El PNV, sin embargo, pretende fijar una determinada cuota para el País Vasco, dado el régimen foral por el que se rige dicha comunidad. De este modo, correspondería al Gobierno foral aportar a las arcas de la Seguridad Social lo deducido por el empresario, lo cual abriría la puerta a dotaciones arbitrarias y negociadas políticamente, tal y como acontece en la actualidad con el polémico cupo vasco (dinero que paga el País Vasco al Estado por las competencias que aún desempeña en esa región), bastante inferior al que le correspondería.
4. El aumento del "autogobierno" que reclama el PNV de cara a la negociación presupuestaria está relacionada con la gestión autónoma de estas partidas. La histórica aspiración de los peneuvistas, al igual que acontece con el resto de formaciones nacionalistas (partidos y sindicatos), como en Cataluña y Galicia, es crear un sistema de Seguridad Social propio.
De hecho, esto es lo que defiende abiertamente Eusko Alkartasuna y Na-Bai (socios del PNV en Navarra). Además, el PNV votó el pasado mayo en contra de una propuesta de los socialistas y populares vascos para garantizar la unidad de la caja única.
5. El PNV demanda desde hace años la transferencia de las competencias sobre Seguridad Social que recoge el Estatuto de Guernica. ¿Pero qué dice el Estatuto? Artículo 18.2: "En materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco [...] La gestión del régimen económico de la Seguridad Social". Lo mismo establece el de Navarra, es decir, ambas comunidades forales.
Sin embargo, a diferencia de otros estatutos que también incluyen esta competencia, ni el vasco ni el navarro citan expresamente la unidad de la caja única. Así, por ejemplo, el Estatuto de Galicia matiza: "sin perjuicio de la Caja Única"; lo mismo sucede con el texto andaluz: "con pleno respeto al principio de unidad de caja"; Canarias: "excepto su régimen económico"; incluso el Estatuto catalán señala en su artículo 165 que la "gestión del régimen económico de la Seguridad Social" corresponde a la Generalidad, pero "respetando los principios de unidad económico-patrimonial y solidaridad financiera de la Seguridad Social".
Quizá, por ello, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, alertó esta semana de que la transferencia de las competencias (económicas) sobre las políticas activas de empleo al País Vasco abriría la puerta a que Cataluña y otras comunidades reclamasen el mismo trato.
Duran recordó que dicho traspaso es una reclamación histórica de su formación, por lo que si finalmente se acuerda con el País Vasco se "abriría la posibilidad" a que fuera también posible en Cataluña y el resto de comunidades autónomas. De hecho, confesó que no cree que ésta sea una materia que se incluya en la negociación de los Presupuestos, ya que "es una competencia para el Estado bastante intransferible".
6. Ni el Tribunal Constitucional ni el propio Pacto de Toledo respaldan este punto. La Constitución garantiza la unidad e integración del sistema de la Seguridad Social en base, precisamente, al mantenimiento de la caja única. De hecho, el propio Gobierno estudió a inicios de la legislatura la posibilidad de crear una Agencia Estatal de la Seguridad Social que evitara posibles traspasos de gestión económica a los nacionalistas.
7. Por ello mismo, según fuentes del Ministerio de Trabajo, transferir la partida correspondiente a las políticas activas de empleo mediante un sistema de cupo supondría un peligroso precedente jurídico sobre el que, posteriormente, reclamar la gestión autónoma e independiente de las pensiones y el paro (objetivos ambos que no niegan los nacionalistas).
Desde este punto de vista, transferir las "bonificaciones" laborales de la Seguridad Social abriría de lleno el melón de la regionalización de la Seguridad Social, pues supondría el inicio de un largo proceso de final incierto, similar al acontecido con el Estatuto de Cataluña.
8. Lo más llamativo, si cabe, son las contradicciones internas sobre esta cuestión en el seno del PNV. Así, el portavoz del PNV en el Pacto de Toledo (mesa política en la que se negocia la reforma del sistema público de pensiones), Emilio Olabarría, señaló el jueves que "a finales de los 90 ya negociábamos la caja de la Seguridad Social".
Es decir, la transferencia de las pensiones contributivas, tal y como recoge el Estatuto de Guernica. Ésta se podría realizar de dos formas: o bien concediendo al País Vasco capacidad recaudatoria propia, o bien a través de un nuevo concierto por el que el Estado transferiría al País Vasco el dinero necesario para pagar a sus pensionistas, al tiempo que se determinaría qué parte debe destinar el Gobierno foral a Madrid para garantizar el principio de solidaridad interterritorial. Una u otra opción supondría la ruptura del actual modelo.
De hecho, el propio Olabarría admite que, aún en el caso de que el hipotético sistema vasco de pensiones públicas entrara en déficit, "es un riesgo que estamos dispuestos a correr, al igual que lo hicimos con los impuestos". Así pues, ¿hay duda de que el PNV quere romper la caja única de la Seguridad Social? Olabarría, responsable de este materia en el PNV, no tiene ninguna.