LD (EFE) "La hemos cambiado de cabo a rabo", aseguró satisfecha la ponente parlamentaria, la socialista alemana Evelyne Gebhardt, tras una compleja votación en la que el pleno se pronunció sobre 404 enmiendas y acabó aprobando la versión rebajada por 391 votos a favor, 213 en contra y 34 abstenciones.
La propuesta, conocida como directiva Bolkestein, por su impulsor original, el ex comisario Frits Bolkestein, busca consolidar el mercado europeo de servicios -aproximadamente el 60 por ciento del PIB comunitario- consagrando el derecho de las empresas a operar en distintos Estados sin tener filiales en ellos y en igualdad de condiciones con las nacionales.
Para ello, el texto original incluía el llamado "principio de país de origen", que preveía que el operador sólo estuviese sujeto a la legislación del Estado donde esté radicado, punto rechazado frontalmente por los sindicatos, pues opinan que propiciaría la competencia a la baja en las condiciones de trabajo.
Asumiendo un pacto previo entre los grupos mayoritarios, Partido Popular Europeo (PPE) y Socialista (PSE), el pleno eliminó del texto la referencia a este principio. Consagró en su lugar la libertad acceso y prestación de servicios, pero condicionada a las normas que el Estado de acogida imponga por razones de "orden público, seguridad pública, protección al medio ambiente o salud pública". El pacto entre populares y socialista incluía originalmente entre las causas de excepción la "política social" y la "protección de consumidores", pero estas dos menciones fueron retiradas de la versión final para recabar el apoyo de los diputados más liberales de los dos grupos: los británicos, nórdicos y de países del Este.
Esto ocasionó las críticas de los grupos Izquierda Unitaria Europea y de Los Verdes, que llegaron a pedir que se votase el texto original, lo que obligó al presidente, Josep Borrell, a pedir asesoría antes de desestimar su demanda. La enmienda fue finalmente aprobada por 483 votos a favor, 144 en contra y 2 abstenciones.
En paralelo, el Parlamento sacó del campo de aplicación de la directiva a los servicios de transportes (incluidos taxis, ambulancias y servicios portuarios), las empresas de trabajo temporal, la salud pública y privada, el sector audiovisual, la notaría, las apuestas, la seguridad, los servicios sociales y la vivienda social. La directiva seguirá, en cualquier caso, facilitando la actividad transfronteriza de operadores tan diversos como las agencias de turismo, las inmobiliarias, los centros comerciales, las consultoría o el mantenimiento de oficinas.
El texto final contó con el apoyo del grueso del PPE, PSE y Liberales, con la excepción de los socialistas franceses, para quienes sigue siendo demasiado liberalizadora, y de los populares y algunos socialistas del Este, que sostienen la opinión contraria.
La propuesta, conocida como directiva Bolkestein, por su impulsor original, el ex comisario Frits Bolkestein, busca consolidar el mercado europeo de servicios -aproximadamente el 60 por ciento del PIB comunitario- consagrando el derecho de las empresas a operar en distintos Estados sin tener filiales en ellos y en igualdad de condiciones con las nacionales.
Para ello, el texto original incluía el llamado "principio de país de origen", que preveía que el operador sólo estuviese sujeto a la legislación del Estado donde esté radicado, punto rechazado frontalmente por los sindicatos, pues opinan que propiciaría la competencia a la baja en las condiciones de trabajo.
Asumiendo un pacto previo entre los grupos mayoritarios, Partido Popular Europeo (PPE) y Socialista (PSE), el pleno eliminó del texto la referencia a este principio. Consagró en su lugar la libertad acceso y prestación de servicios, pero condicionada a las normas que el Estado de acogida imponga por razones de "orden público, seguridad pública, protección al medio ambiente o salud pública". El pacto entre populares y socialista incluía originalmente entre las causas de excepción la "política social" y la "protección de consumidores", pero estas dos menciones fueron retiradas de la versión final para recabar el apoyo de los diputados más liberales de los dos grupos: los británicos, nórdicos y de países del Este.
Esto ocasionó las críticas de los grupos Izquierda Unitaria Europea y de Los Verdes, que llegaron a pedir que se votase el texto original, lo que obligó al presidente, Josep Borrell, a pedir asesoría antes de desestimar su demanda. La enmienda fue finalmente aprobada por 483 votos a favor, 144 en contra y 2 abstenciones.
En paralelo, el Parlamento sacó del campo de aplicación de la directiva a los servicios de transportes (incluidos taxis, ambulancias y servicios portuarios), las empresas de trabajo temporal, la salud pública y privada, el sector audiovisual, la notaría, las apuestas, la seguridad, los servicios sociales y la vivienda social. La directiva seguirá, en cualquier caso, facilitando la actividad transfronteriza de operadores tan diversos como las agencias de turismo, las inmobiliarias, los centros comerciales, las consultoría o el mantenimiento de oficinas.
El texto final contó con el apoyo del grueso del PPE, PSE y Liberales, con la excepción de los socialistas franceses, para quienes sigue siendo demasiado liberalizadora, y de los populares y algunos socialistas del Este, que sostienen la opinión contraria.