Con la atención de los inversores internacionales puesta ahora en el despilfarro de las comunidades autónomas, se ha avivado el debate acerca del elevado coste que supone el Estado autonómico español.
Un amplio estudio elaborado por la Fundación Progreso y Democracia (UPyD), publicado el pasado abril, advertía de que el sobrecoste de la administración regional ascendía a cerca de 26.000 millones de euros, debido al descontrol del gasto corriente y a la duplicidad de organismos y funciones. Una situación que, según los autores del informe, es "insostenible" a todas luces. Los desmanes de la clase política, tanto estatal como regional o local, acaba costando muy caro al bolsillo de los contribuyentes.
Sirva como ejemplo la última transferencia competencial de relieve efectuada por el Gobierno socialista. El Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó un acuerdo con el PNV el pasado septiembre para transferir las políticas activas de empleo a la comunidad vasca a cambio, eso sí, de sus votos en el Congreso de los Diputados para aprobar los Presupuestos Generales de Estado (PGE) de 2011.
Dicho traspaso engendró una intensa polémica política. Y es que, el PNV ha logrado una de sus aspiraciones históricas: gestionar las bonificaciones empresariales por contratar y formar trabajadores, e incluso el paro y las pensiones públicas en un futuro próximo. De este modo, el acuerdo con el PNV supondría romper la caja única de la Seguridad Social.
Pero, más allá de este sustancial punto, la transferencia de esta competencia conllevará un mayor gasto público. La cuestión es... ¿qué pasa cuando se transfiere una competencia?, ¿cómo la ejercita la autonomía?, ¿qué órganos nuevos se crean?, ¿en qué condiciones? y, sobre todo, ¿a qué coste?
Más funcionarios y altos cargos
Hasta el momento, las políticas activas de empleo en el País Vasco, que incluyen el registro de contratos y demandas de empleo, tareas de formación, inserción de desempleados, gestión de ofertas laborales y bonificaciones en las cuotas empresariales -que hasta ahora formaban parte de la caja única de la Seguridad Social-, eran gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem). Sin embargo, a partir del próximo 1 de enero, esta competencia será desarrollada por un nuevo organismo denominado Lanbide-SVE, el Servicio Vasco de Empleo.
El Inem ejercía tales tareas en el País Vasco mediante un único equipo directivo, formado por un subdirector de empleo y formación (nivel funcionarial 26) por provincia (Guipuzcoa, Vizcaya y Álava). Sin embargo, este organigrama administrativo cambiará radicalmente en manos del Gobierno que preside el socialista Patxi López.
Así, la estructura administrativa de Lanbide es mucho más amplia y compleja, tal y como muestra el siguiente gráfico (pinchar en la imagen para ampliar):
Para gestionar la nueva competencia, el Gobierno vasco crea un organismo que contará nada menos que con 3 direcciones generales y 13 jefaturas de área, puestos de máximo nivel en la Administración. Además, contará con 47 jefaturas de servicio, a las que corresponderá sumar las correspondientes jefaturas de sección de de cada servicio y luego la actual estructura de oficinas de empleo con sus directores correspondientes.
De este modo, a los 473 trabajadores del Inem que serán transferidos a Lanbide hay que sumar decenas de altos cargos de nueva creación. En concreto, el nuevo Servicio Vasco de Empleo estará formado, inicialmente, por una plantilla de 575 personas que, de hecho, podrá ampliarse hasta un total de 750, según la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta.
Aumento de sueldos
Además, el incremento de personal se verá acompañado, igualmente, por una subida salarial de entre un 20% y un 30% para los altos cargos, funcionarios y empleados públicos que compongan el organismo vasco.
El Departamento de Empleo ha propuesto cinco niveles retributivos: el A-1, que se corresponde con los titulados superiores, ingresará un mínimo de 41.495 euros al año; el A-2 (titulados medios), ganará inicialmente 36.341 euros. En ambos casos, el incrementose aproxima al 20% sobre lo que han percibido hasta ahora los funcionarios del antiguo Inem en el País Vasco. Mientras, los administrativos ganarán unos 30.200 euros al año; los auxiliares 27.300, y los subalternos 24.700, lo que supone aumentos de hasta el 30%, más elevados cuanto más baja es la categoría.
Los altos cargos no se quedan atrás, ya que a tales salarios se suma el correspondiente "complemento personal para el desempeño de funciones", que oscila entre los 5.154 euros extra al mes hasta los 16.000 euros al año, tal y como muestra la siguiente tabla:
Más gasto público
Por último, todo ello se materializará en más gasto público, y el consiguiente coste para los contribuyentes. Así, aunque el acuerdo entre el Gobierno y el PNV estimó el traspaso con un coste inicial de 472 millones de euros, el Real Decreto que recoge dicha transferencia eleva la cuantía total a 510 millones. Éste es el dinero que, supuestamente, le cuesta cada año al Estado prestar las políticas activas de empleo en el País Vasco. Lo curioso es que Lanbide contará con un presupuesto de 785 millones de euros en 2011 (casi 300 millones más).
Ahora es cuestión de extender este mismo proceso al resto de competencias autonómicas transferidas a las 17 regiones para percatarse de la burbuja de cargos, personal y gastos corrientes que sufre España.