El Observatorio Económico de Andalucía plantea una reforma en línea con la del PP

No muchas veces se produce este fenómeno: que una institución andaluza concuerde con la oposición y lo diga públicamente. El Observatorio Económico de Andalucía, compuesto en parte por ex altos cargos de la Junta, en su informe de titulado "Andalucía, crisis y recuperación: las claves de un cambio de modelo", aboga por una reforma en profundidad de la economía andaluza coincidente en general con el proyecto de economía abierta que defiende el PP y denuncia con contundencia el fracaso de las políticas que no han resuelto la mala estructura de la economía andaluza, el derroche en formación profesional para contentar a empresarios y sindicatos, la intervención de la Junta en la vida económica y la proliferación de empresas públicas que duplican la actividad sin beneficios sociales comprobables.

Antes que culpar a la crisis internacional, el Observatorio culpa de la situación a la negativa a reformar que destaca en partidos, sindicatos y empresarios. Lea el documento completo.  El Observatorio considera que los grandes problemas de la economía andaluza se encuentran en el interior y su superación no depende de la recuperación internacional" contradiciendo de este modo las excusas de la Junta de Andalucía y de los agentes sociales de que la situación del desempleo brutal que sufre Andalucía tiene que ver con la zozobra internacional y la crisis financiera.

Según el OEA, el crecimiento de la economía en el mundo, de las economías desarrolladas y emergentes, pueden significar para Andalucía y para España "un importante estímulo para la demanda, sobre todo en el sector exportador y en el turismo, además de una oportunidad de restitución del crédito internacional sobre el que apoyar la recuperación del consumo regional." Pero no será suficiente. Es evidente que han quedado muy claros "los elementos de fragilidad en el modelo productivo andaluz, que la crisis económica ha puesto de manifiesto."

Andalucía carece de estructuras sólidas para defenderse de las consecuencias de la crisis como se han defendido otras economías y tampoco alberga ventajas competitivas para aprovechar el repunte que se espera en el comercio internacional.

Para reforzar esas estructuras, a largo plazo, "el principal objetivo de Andalucía tiene que ser mejorar la dotación de capital humano y tecnológico en su economía, lo que obliga a abandonar de una vez por todas la tibieza de planteamientos en materia de política educativa y el paternalismo institucional en política científica y de innovación, del que frecuentemente se derivan incentivos perversos sobre el sector empresarial en materia de inversión en I+D+i."

Además hay que resolver el deficiente funcionamiento del mercado de trabajo uno de los más distorsionados e ineficientes del mundo occidental. Se hace absolutamente necesario según el OEA un conjunto de reformas estructurales urgentes que incluyen los tipos de contratos y la negociación colectiva que abunden en la flexibilidad del mercado laboral, incluida la flexibilidad salarial, tarea del Estado.

Pero junto a ello, la Junta puede terminar con el fracaso de las políticas activas de empleo y con el "derroche de recursos en programas de formación, que tan costosos e inútiles se han manifestado, corresponden a la Comunidad Autónoma y deben ser revisados en profundidad. En torno a la formación profesional se ha desarrollado una importante, y no siempre transparente, trama de intereses en la que diferentes instituciones pugnan por la gestión de programas que consumen cantidades ingentes de recursos públicos." Esta referencia no va dirigida sino a empresarios y sindicatos, esencialmente, que reciben millonarias subvenciones finalistas con destino a una formación profesional que apenas mejora la ocupabilidad laboral andaluza y no contribuya a la creación efectiva de empleo.

Y luego añade que "El déficit acumulado, la evolución del endeudamiento y la captura del crédito por parte del sector público, plantea un escenario de tensiones financieras en el sector público con previsibles implicaciones adversas sobre el sector privado. En primer lugar, por el previsible recorte de los fondos europeos y de la solidaridad interregional que se desprende de la revisión de los estatutos de autonomía y de su reflejo en el nuevo modelo de financiación autonómica.

En segundo lugar, porque aunque lo previsible es que el grueso de los compromisos de consolidación presupuestaria se satisfagan con mayores dosis de austeridad en el gasto público, no se descarta que se termine exigiendo un mayor esfuerzo fiscal al sector privado. En tercer lugar, porque las comunidades autónomas tendrán que asumir su cuota de responsabilidad para afrontar los costes financieros de la crisis, que hasta ahora han descansado mayoritariamente en la administración central. Las administraciones públicas, y en particular las corporaciones locales, tendrán que profundizar en la línea, en algún caso ya iniciada, de austeridad y reducción de estructuras."

Según el Observatorio, "el principal impulso para la recuperación vendrá, como tras la crisis del 93, de la demanda externa, lo que significa que si se quiere acelerar el proceso hay que intensificar los esfuerzos por invertir la tendencia de la competitividad. Andalucía tiene que recuperar el tono de la actividad industrial y esforzarse para corregir el abultado déficit por cuenta corriente.

El Observatorio apuesta por una reforma institucional que frene la presencia de la Junta y promueva la presencia de la sociedad y la iniciativa privada. "El excesivo protagonismo que han tomado las instituciones públicas en Andalucía contrasta con la debilidad del sector privado de la economía. La proliferación de empresas públicas y otras entidades de derecho privado, pero creadas con fondos públicos con el fin de desarrollar funciones que, con frecuencia, colisionan con las que corresponden a las administraciones públicas, han terminado generando estructuras duplicadas e ineficientes. La proliferación de fundaciones promovidas desde el sector público, choca frontalmente, por ejemplo, con la motivación originaria de una figura aparentemente concebida para canalizar el impulso de la iniciativa privada sobre proyectos de interés público o general", sentencia.

Además añade que "la interferencia de las administraciones publicas y de los grupos políticos en organismos e instituciones de esta naturaleza, así como en el tejido asociativo y en el conjunto de las instituciones de la sociedad civil, pueden llegar a generar incentivos perversos y terminar afectando a su independencia y objetividad de planteamientos."

Por tanto, critica el voluntarismo de quienes desligan los gastos sociales de los recursos económicos y afea a los sindicatos, empresarios y partidos políticos que no quieran afrontar la reforma profunda de la economía andaluza.

El Observatorio Económico de Andalucía se creó en 1980 pero se convirtió en organismo independiente de las Cámaras de Comercio en 1998. En él tienen participación destacada ex altos cargos del gobierno socialista de la Junta de Andalucía