LD (EFE) También Garzón declara el archivo de la causa respecto al resto de imputados en la causa abierta en 2002: Lord Tristán Garel-Jones, Miguel Angel Rubio, Martín Brau, Francisco Javier Baviano Hernández, José Enrique Hours, Manuel de la Rica Pascual y Francesc Raventos, todos ellos consejeros de la mercantil Recol Networks, durante diferentes periodos.
El caso Recol arranca de una demanda presentada en 2000 por un grupo de accionistas contra diez gestores de Recol -entre los que se encontraba Villar Mir-, a los que acusaban de haber hecho uso ilegal de fondos de la sociedad y de estafa, al utilizar como presunta cobertura una oferta pública de suscripción lanzada en esas fechas para captar fondos.
Recol Networks, una plataforma proveedora de contenido y servicios para comunidades de profesionales en Internet, inició hace seis años una Oferta Pública de Suscripción (OPS) para dar entrada en su capital a profesionales.
Al final, consiguió 8.000 accionistas y 29,12 millones de euros (4.846 millones de pesetas), que suponían el 30 por ciento del capital social de la compañía, completado además por Alkhaid y Catalana de Iniciativas (con el 16 por ciento del capital cada una), la Fundación Recol (7 por ciento), los colegios profesionales (5 por ciento) y consejeros y ejecutivos (24 por ciento).
Este dinero, según el último auto del juez Garzón, fue gastado en poco más de medio año, "en buena medida, mediante la factura de servicios inexistentes realizada por empresas vinculadas a consejeros y directivos de la sociedad".
Por ello, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una pena de dos años de cárcel para el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el consejero delegado de Recol Networks, Ignacio Ozcariz, que habrán de ser juzgados, si sus recursos no prosperan, por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Por lo tanto, el juez Baltasar Garzón dirige la acción penal contra Villar Mir, de Andrés Díaz e Ignacio Ozcariz por los delitos de "apropiación indebida", "administración fraudulenta o desleal" y un "delito continuado de falsedad documental". Fuentes cercanas al presidente de OHL, al ser preguntadas por el auto de Garzón, hasta el momento, no han querido pronunciarse al respecto.
El caso Recol arranca de una demanda presentada en 2000 por un grupo de accionistas contra diez gestores de Recol -entre los que se encontraba Villar Mir-, a los que acusaban de haber hecho uso ilegal de fondos de la sociedad y de estafa, al utilizar como presunta cobertura una oferta pública de suscripción lanzada en esas fechas para captar fondos.
Recol Networks, una plataforma proveedora de contenido y servicios para comunidades de profesionales en Internet, inició hace seis años una Oferta Pública de Suscripción (OPS) para dar entrada en su capital a profesionales.
Al final, consiguió 8.000 accionistas y 29,12 millones de euros (4.846 millones de pesetas), que suponían el 30 por ciento del capital social de la compañía, completado además por Alkhaid y Catalana de Iniciativas (con el 16 por ciento del capital cada una), la Fundación Recol (7 por ciento), los colegios profesionales (5 por ciento) y consejeros y ejecutivos (24 por ciento).
Este dinero, según el último auto del juez Garzón, fue gastado en poco más de medio año, "en buena medida, mediante la factura de servicios inexistentes realizada por empresas vinculadas a consejeros y directivos de la sociedad".
Por ello, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una pena de dos años de cárcel para el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el consejero delegado de Recol Networks, Ignacio Ozcariz, que habrán de ser juzgados, si sus recursos no prosperan, por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Por lo tanto, el juez Baltasar Garzón dirige la acción penal contra Villar Mir, de Andrés Díaz e Ignacio Ozcariz por los delitos de "apropiación indebida", "administración fraudulenta o desleal" y un "delito continuado de falsedad documental". Fuentes cercanas al presidente de OHL, al ser preguntadas por el auto de Garzón, hasta el momento, no han querido pronunciarse al respecto.
La empresa Recol Networks, principal perjudicada en el proceso penal abierto contra Juan Miguel Villar-Mir y otros dos consejeros, defendió la actuación del actual presidente de OHL en estas operaciones pues él ha ayudado a que la sociedad esté ahora en beneficios, indicaron hoy fuentes de la compañía.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió abrir juicio oral contra el actual presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y otros dos consejeros de Recol Networks, por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental al desviar presuntamente más de 30 millones de euros y les pidió una fianza de 40 millones.
Actualmente, según fuentes de la empresa, Villar Mir "sigue colaborando" con la empresa a través de la representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) y De Andrés es presidente de la Fundación Recol, mientras que Ozcariz se ha desvinculado de la compañía.
Recol, la empresa creada por los Colegios profesionales para suministrar servicios tecnológicos a profesionales, cerró el ejercicio 2006 con unas ventas cercanas a 1.700.000 euros y un beneficio neto de 211.744 euros, más del doble que en 2005 (100.170 euros), tras salir de pérdidas hace tres años, en 2003.
Fuentes de la compañía, personada en el procedimiento como parte perjudicada, mostraron su "sorpresa" por la decisión del juez Garzón, sin esperar a la resolución, por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de los recursos presentados por Villar Mir y De Andrés contra el auto de procesamiento dictado por el mismo juez, en agosto pasado. Además, Recol Networks calificó de "exagerada" la fianza de 40 millones de euros fijada por Garzón para los tres imputados en los delitos de "apropiación indebida", "administración fraudulenta o desleal" y un "delito continuado de falsedad documental".
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió abrir juicio oral contra el actual presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y otros dos consejeros de Recol Networks, por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental al desviar presuntamente más de 30 millones de euros y les pidió una fianza de 40 millones.
Actualmente, según fuentes de la empresa, Villar Mir "sigue colaborando" con la empresa a través de la representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) y De Andrés es presidente de la Fundación Recol, mientras que Ozcariz se ha desvinculado de la compañía.
Recol, la empresa creada por los Colegios profesionales para suministrar servicios tecnológicos a profesionales, cerró el ejercicio 2006 con unas ventas cercanas a 1.700.000 euros y un beneficio neto de 211.744 euros, más del doble que en 2005 (100.170 euros), tras salir de pérdidas hace tres años, en 2003.
Fuentes de la compañía, personada en el procedimiento como parte perjudicada, mostraron su "sorpresa" por la decisión del juez Garzón, sin esperar a la resolución, por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de los recursos presentados por Villar Mir y De Andrés contra el auto de procesamiento dictado por el mismo juez, en agosto pasado. Además, Recol Networks calificó de "exagerada" la fianza de 40 millones de euros fijada por Garzón para los tres imputados en los delitos de "apropiación indebida", "administración fraudulenta o desleal" y un "delito continuado de falsedad documental".