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El Gobierno recurre a la protección de datos para no entregar las actas de la reunión entre Clos, Acciona, Taguas y Enel

El pasado 16 de febrero, según reveló la prensa, se reunieron en la Oficina Económica de Presidencia (OEP) varios empresarios españoles, como José María Entrecanales de Acciona, con el consejero delegado de Enel, Fluvio Conti y con el ministro de Industria Joan Clos y el director de la OEP, David Taguas. El PP ha solicitado el libro de visitas de aquél día, pero el Gobierno se ha negado a facilitarlo al Parlamento alegando la Ley de Protección de Datos, según informa este miércoles el diario Negocio. El PP responde que "no son secretos que pongan en peligro la seguridad nacional" sino "la seguridad jurídica del Gobierno". Miguel Ángel Arias Cañete declaró este martes a LDTV que Conthe sabe que dejar a Arenillas en la CNMV "como dejar al pirómano en el cuartel de los bomberos".

El pasado 16 de febrero, según reveló la prensa, se reunieron en la Oficina Económica de Presidencia (OEP) varios empresarios españoles, como José María Entrecanales de Acciona, con el consejero delegado de Enel, Fluvio Conti y con el ministro de Industria Joan Clos y el director de la OEP, David Taguas. El PP ha solicitado el libro de visitas de aquél día, pero el Gobierno se ha negado a facilitarlo al Parlamento alegando la Ley de Protección de Datos, según informa este miércoles el diario Negocio. El PP responde que "no son secretos que pongan en peligro la seguridad nacional" sino "la seguridad jurídica del Gobierno". Miguel Ángel Arias Cañete declaró este martes a LDTV que Conthe sabe que dejar a Arenillas en la CNMV "como dejar al pirómano en el cuartel de los bomberos".
(Libertad Digital) El Gobierno ha recurrido a la Ley de Protección de Datos para negarse a entregar al Parlamento las actas de las visitas del pasado 16 de febrero. Y ello a pesar de que, en su petición, el Partido Popular excluía a "aquellos que sean cargos públicos o cuyo conocimiento pudiera afectar a la seguridad nacional".
 
Según reveló el diario Negocio el pasado 28 de febrero, doce días antes se habían entrevistado con Joan Clos y David Taguas José María Entrecanales, presidente de Acciona y otros empresarios españoles y con el consejero delegado de Enel, Fluvio Conti. El motivo de la reunión del 16-F era informar a los españoles de la entrada de la empresa pública italiana en Endesa para lograr frenar la OPA de E.On. El 20 del mismo mes, cuatro días después de la reunión en la Oficina Económica de Moncloa, se vieron en Ibiza los presidentes español, José Luis Rodríguez Zapatero, e italiano, Romano Prodi, que darían el visto bueno a la operación.
 
El 27 de febrero, once días después de la reunión, el ministro de Industria, Joan Clos, concedía una entrevista a la Cadena SER en la que pronunciaba unas palabras enigmáticas y, a la luz de la situación entonces, sorprendentes. Cuando todo parecía favorecer a E.On, dijo que la alemana lo tenía "difícil" porque creía que se produciría "un pacto" que daría con una "solución española". Pero esa "solución española" era italiana y Clos la conocía de primera mano. Ese mismo día Enel anunciaría, horas más tarde, que poseía un 9,9 por ciento de Endesa, participación que iría ampliando hasta alcanzar el 24,9 por ciento.
 
Tanto la empresa pública italiana Enel como la concesionaria española Acciona negaron entonces tanto un acuerdo de concertación como que tuvieran intención de lanzar una OPA conjunta, pero finalmente fue lo que hicieron, una vez E.On había lanzado la oferta definitiva. La lucha entre los grupos dio lugar finalmente a un pacto entre ellos por el que se repartían la compañía eléctrica española Endesa. Ahí quedó el "campeón nacional" de que hablaba el Gobierno como motivo de su batalla contra el control de Endesa por E.On.
 
Negocio recoge la reacción de Vicente Martínez Pujalte a la negativa del Gobierno a facilitar al Parlamento las actas de las visitas a Moncloa de aquél 16 de febrero de este año. Según el diputado nacional, "no tiene ningún sentido que se amparen en la Ley de Protección de Datos ya que la Constitución regula el acceso del Parlamento a ese tipo de información; que además en este caso no son secretos que pongan en peligro la seguridad nacional, sino que se trata de información que pone en peligro la seguridad jurídica de la Oficina Económica de Zapatero y del propio Gobierno".

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