LD (Agencias) Según un comunicado del Ministerio que dirige Miguel Ángel Moratinos, esta preocupación por
el decreto anunciado el lunes por Evo Morales se ha hecho "extensiva" a "
las formas que han rodeado su adopción". También se le ha recordado a Del Pozo "el compromiso de las autoridades bolivianas de facilitar el texto del decreto para que pueda ser estudiado con detenimiento y se puedan pedir las aclaraciones pertinentes". Finalmente, se ha reiterado que el Gobierno español espera que a través del "diálogo y la negociación" se llegue a una "solución satisfactoria para las partes".
Los secretarios de Estado de Exteriores, Bernardino León; y de Economía, David Vegara; y el secretario general de Industria, Joan Trullén, se reunirán este miércoles para analizar las consecuencias que la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia podría generar a las empresas españolas, aunque la agencia Efe informó de que esa reunión, a la que también acudirá el jefe de la Oficina Económica del Gobierno, Miguel Sebastián, ya se había producido este martes.
Por su parte, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que el Ejecutivo se reunirá "en los próximos días" con representantes de las empresas españolas radicadas en Bolivia, con el fin de analizar el decreto de Evo Morales. Esta reunión será convocada a lo largo de esta semana por el ministro de Industria, José Montilla, una vez que el Gobierno conozca los detalles de la nacionalización.
Por su parte, la petrolera Repsol YPF, cuyas acciones han caído este martes un 0,63 por ciento, ha calificado de "inquietante" el decreto del Gobierno boliviano y ha asegurado que arbitrará "todas las acciones a su alcance para proteger los activos y preservar el empleo" de sus trabajadores en Bolivia. A través de un comunicado, Repsol YPF asegura que se mantiene a la espera de conocer "en detalle" los términos y condiciones concretas de las medidas anunciadas por el Gobierno de Evo Morales.
El comunicado de Repsol reproduce además unas declaraciones efectuadas por el presidente de la compañía,
Antonio Brufau, a una emisora de radio argentina en las que considera que el decreto de nacionalización "está fuera de la norma y lógica empresarial que debe guiar las relaciones entre empresas y estados". A pesar de todo, afirma que "todavía hay tiempo" y espera "que en esos 180 días seamos capaces de ponerle talento e inteligencia todos, unos y otros". (
Ampliación)
El embajador de España en Bolivia, Juan Francisco Montalbán, ha afirmado en declaraciones a la Cadena Cope que todas las empresas "están pendientes de ver en qué consiste en concreto este decreto de nacionalización, ya que el de los hidrocarburos es un sector muy complejo. Tanto las empresas españolas en el país, como la embajada estamos analizando cada artículo con mucho detenimiento y participando de la preocupación que ha hecho pública nuestro gobierno acerca de los pasos y la decisión del gobierno de Bolivia”
La Unión Europea advierte a Bolivia
Desde la Unión Europea, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Javier Solana, ha dicho que el decreto que nacionaliza los hidrocarburos en Bolivia le produce "gran intranquilidad" y advirtió de que la ausencia de seguridad jurídica no beneficiará "al desarrollo político y económico" del país andino. En declaraciones a los periodistas, Solana recordó que en su entrevista el pasado 5 de enero con el entonces recién electo presidente boliviano, Evo Morales, le transmitió el mensaje de que "la seguridad jurídica es fundamental para que la inversión extranjera llegue y el desarrollo de se pueda producir". "Yo creí que había entendido bien lo que le había dicho, (ahora) creo que a lo mejor no lo ha entendido del todo", ha añadido.
Solana considera que "todavía hay esperanza de que desde las declaraciones que (Morales) hizo el lunes, puedan llegarse a acuerdos de otra naturaleza que permitan salir de la situación". Sin embargo, el alto representante europeo de Política Exterior ha advertido que: "si vamos a dar un paso atrás de la manera que puede interpretarse que se quiere dar, creo que no beneficiará al futuro político y económico de Bolivia, y por lo tanto serán los ciudadanos de Bolivia los que sufran".
La decisión del Gobierno boliviano llega a poco de que se celebre la IV cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de estas dos orillas atlánticas en Viena del 11 al 13 de mayo.
