El Gobierno propone subir el sueldo a los funcionarios un 0,3% en 2010

Durante el encuentro celebrado eL martes por la tarde en La Moncloa, el Ejecutivo presentó a los sindicatos una cláusula de revisión salarial con el objetivo de que los funcionarios públicos puedan recuperar el poder adquisitivo en el periodo de negociación, que abarca hasta 2012.

Los sindicatos, que esperan cerrar un acuerdo general en lo que resta del mes de septiembre, también valoraron esta noche de forma "satisfactoria" la Oferta de Empleo Público realizada por el Gobierno. No obstante, los representantes sindicales informaron de que estudiarán con detenimiento la propuesta del Ejecutivo antes de detallar su posición al respecto.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó el compromiso del Ejecutivo de mantener el poder adquisitivo de los funcionarios en 2010 durante la reunión que mantuvo el pasado jueves en La Moncloa con los representantes de las Federaciones de Servicios Públicos de CC.OO. y UGT y el presidente de CSI-CSIF.

CC.OO. y UGT reclaman una subida general del 1% en 2010 para el conjunto de las retribuciones de los empleados públicos y del IPC previsto (2%) para los ejercicios 2011 y 2012, "a revisar y ajustar en la negociación anual en función de las variables económicas".

Además, en previsión de los desajustes que pueda sufrir el IPC, ambos sindicatos piden el establecimiento de una cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de los funcionarios durante el trienio 2010-2012, a operar para el conjunto del acuerdo durante el último año de su vigencia.

Por su parte, CSI-CSIF aceptaría que los sueldos de los funcionarios crecieran en los próximos años en función del objetivo de inflación (2%) e incluso no se opondría a que lo hicieran por debajo de esa cantidad (como ese 1% que proponen CC.OO. y UGT) siempre y cuando existiera una cláusula de revisión salarial que evitara la pérdida de poder adquisitivo y que actuaría al final de la legislatura, según explicó el coordinador del diálogo social en CSI-CSIF, Pepe Fernández.  

La última propuesta del Gobierno contemplaba un acuerdo entorno a tres puntos básicos: un marco de retribuciones que asegure que los empleados públicos no perderán poder adquisitivo, un plan de desarrollo del Estatuto del Trabajador Público como herramienta de modernización y una adecuación de la oferta de empleo público a las nuevas demandas y necesidades de la situación económica.