Como ya es tradicional en esta legislatura, el Gobierno publica los sábados en el BOE sus decisiones políticas adoptadas en Consejo de Ministros. En esta ocasión es el turno de la orden ministerial de la cartera de Industria, por la que se acuerda el cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña el 6 de julio de 2013 y autoriza su actividad hasta esa fecha.
Según ha explicado Zapatero, se trata de la primera medida de una nueva política energética que, además de apostar por las energías renovables (subiendo la factura de la luz mediante subvenciones cruzadas a la eólica y la fotovoltáica), pretende reformar la legislación que atañe a la energía nuclear, para redefinir, entre otras cuestiones, qué es la “vida útil” de una central.
La orden ministerial avanza que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, encargará un informe al Consejo de Seguridad Nuclear que establecerá las condiciones a las que se deberán ajustar las actividades a realizar en la central hasta la obtención de la autorización de desmantelamiento, que requerirá la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
Además, antes de finalizar el ejercicio 2011, la entidad responsable del desmantelamiento de la central estará obligada a presentar al Ministerio un programa preliminar de las actuaciones que se deberán llevar a cabo con este fin.
La Orden publicada en el BOE también exige que Nuclenor, como titular de la explotación, que no pueda realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación en la fecha establecida, excepto las requeridas por razones de seguridad nuclear y/o protección radiológica, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, o para garantizar el cumplimiento de los umbrales de incremento máximo de temperatura contenidos en la autorización de vertido, de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro.
El texto da la posibilidad Nuclenor de cerrar las puertas de Garoña antes de 2013 si así lo considera oportuno, siempre que lo comunique con al menos un año de antelación, salvo que el cese se produzca por “causas imprevistas”.
La orden admite que el cierre va a afectar a la generación eléctrica y recomienda a los hogares y empresas reducir el consumo (empleando el eufemismo del “ahorro energético”) o bien apostar por centrales de ciclo combinado, que emiten gases de efecto invernadero.
Eso sí, el texto asegura que “existe un exceso de capacidad eléctrica instalada”, pero no explica que es consecuencia de la menor actividad empresarial y de la subida de los precios. Para Industria hay suficiente oferta eléctrica en España por el “cambio estructural del sector”.
Sobre el plan de reindustrialización de la zona donde está ahora la central nuclear, la orden ministerial no aporta detalle alguno. Como dice el titular de Industria, Miguel Sebastián: “tenemos cuatro años para hacerlo”.