L D (Agencias) Por el momento son once las comunidades autónomas que se han sumado a la huelga de gruistas: País Vasco, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Cataluña, Valencia, Madrid, Navarra, Galicia y Extremadura así como las provincias andaluzas de Sevilla y Córdoba.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, perfila los detalles de un plan para minimizar los efectos del conflicto que mantienen los operadores de grúas con la patronal de seguros. Así lo aseguraron fuentes del gobierno socialista, que indicaron que en la redacción intervienen los ministerios de Interior, Fomento, Economía y el de Administraciones Públicas.
Según informa la agencia Europa Press, el plan se aplicará si los problemas derivados por la huelga persisten durante los días de la “Operación Retorno”, por lo que no se prevé que el Gobierno intervenga en el conflicto, al menos de forma directa. Aunque todavía no se han dado a conocer los detalles del plan de De la Vega, ha trascendido que una de las medidas que se prevén es la utilización de las grúas de los bomberos y de los ayuntamientos para la retirada de los vehículos averiados. Además, se prevé la movilización de los recursos de todas las Administraciones: la central, las autonómicas, de las diputaciones y de los ayuntamientos, si eso ayuda a mitigar las consecuencias del paro.
De la Vega se reunirá este miércoles con el ministro de Interior, José Antonio Alonso, en la que estará presente el director general de Tráfico, Pere Navarro, para definir los detalles que aún no hayan trascendido. Se espera que el anuncio del plan se haga el próximo jueves, cuando el llamado a huelga sea ya inminente, y la mayoría de las Comunidades Autónomas haya hecho pública su adhesión al paro.
No intervendrá el ejército
Según anunció la DGT, entre las medidas que se manejan figura la retirada de todos los vehículos que se queden detenidos por accidente o avería sean retirados fuera de la calzada, una operación a la que se han comprometido las empresas de auxilio en carretera. Mientras, ocho mil agentes de la Guardia Civil de Tráfico han recibido instrucciones para redoblar los esfuerzos de cara a la operación retorno de las vacaciones, y así garantizar la seguridad y señalizar los puntos que puedan convertirse en un riesgo debido al conflicto que mantienen las aseguradoras y las grúas.
Por otra parte, el Abogado del Estado desaconsejó que el Ejército intervenga en la retirada de vehículos que se encuentran averiados o accidentados en las carreteras del País Vasco porque no constituye un "grave riego colectivo, calamidad pública o catástrofe", ni se trata de una situación "manifiestamente excepcional".
Así lo manifiesta la Abogacía del Estado en Vizcaya en respuesta al subdelegado del Gobierno en esta provincia, quien solicitó un informe a este órgano cuando la huelga afectaba sólo a esa Comunidad.
Fracasos continuados
Ante los continuos desacuerdos en las conversaciones, la patronal de las aseguradoras, UNESPA, anunció que no seguirá negociando con las empresas de grúas hasta que éstas no suspendan el paro, e insistió en que aceptar las peticiones de los gruístas obligaría a las contratistas a aumentar las pólizas de sus clientes, además de disparar los costes. En una rueda de prensa, la presidenta de la asocuación, Pilar González de Frutos, exigió a las empresas de auxilio en carretera que desconvocaran los paros y les instó a que presentaran por escrito sus peticiones, que básicamente se reducen a una petición: el aumento del cien por cien de las tarifas de remolque.
Según un comunicado enviado por la patronal UNESPA el "paro técnico” convocado por los gruístas es "ilegal" ya que exigen unos aumentos de precios "ya pactados", por lo que piden a los responsables del orden público que intercedan para garantizar el tránsito de los servicios de auxilio en carretera que no secunden los paros.