L D (EFE) Gómez explicó que el Ejecutivo creará una Comisión de Expertos en la que participará una delegación del Ministerio de Trabajo y representantes de CCOO, UGT, CEOE y del Instituto Nacional de Estadística (INE) quienes, además, ya han confirmado su participación en este grupo de trabajo.
Esta Comisión, precisó Gómez, tendrá el encargo específico de analizar las estadísticas y registros que se dan en España y que afectan al mercado de trabajo, es decir, el paro registrado del INEM y la Encuesta de Población Activa que elabora el INE, porque aunque proceden de fuentes distintas "no es razonable" que arrojen datos "tan diferentes" y eso "es bueno evaluarlo y adaptarlo".
Además, la Comisión deberá evaluar "la influencia de la puesta en marcha del SIPSE", el sistema informático que ha cruzado toda la información laboral de los servicios de empleo estatales (el INEM) y los de las comunidades autónomas. El tercer trabajo de esta Comisión de Expertos será analizar la legislación vigente, las posibles "deficiencias" o "desfases" de la normativa y hacer un informe de propuestas con las necesidades y cambios necesarios para impulsar el mercado de trabajo y, especialmente, la contratación indefinida.
Para estos trabajos y "con carácter previo a las reformas", explicó Gómez, el Gobierno necesita la cooperación de los agentes sociales para evaluar "conjuntamente" el funcionamiento de las políticas de empleo de los últimos años y estudiar cuáles pueden ser los cambios pertinentes. Los trabajos y recomendaciones de esta Comisión de Expertos finalizarán a finales de año y sobre esos resultados y conclusiones, comenzarán las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para reformar el mercado laboral en la primavera de 2005, dijo Gómez. Para el Gobierno, las reformas que se acuerden con los agentes sociales deben servir para reducir la contratación temporal -especialmente la de los contratos eventuales por circunstancias de la producción y los de obra o servicio determinado- y aumentar la indefinida.
Asimismo, el Ejecutivo quiere actuar sobre las empresas con más subcontratación, porque "creemos que hay un núcleo de empleo importante que puede convertirse en indefinido" y sobre las compañías de servicios que "mercantilizan sus actividades". Además, explicó, hay que seguir avanzando en la estabilidad del empleo, ampliar la formación de los parados y la formación continua de los trabajadores, y solucionar los problemas de la negociación colectiva, aunque en este campo, subrayó, el Gobierno "confía en la capacidad demostrada" de los agentes sociales para mantener negociaciones bipartitas y autónomas.
El secretario general de Empleo abogó además por regular los derechos de participación de los trabajadores en las empresas, especialmente en las subcontratas, trasponer las directivas comunitarias pendientes, establecer una nueva regulación del Salario Mínimo Interprofesional y desvincularlo del conjunto de políticas sociales. Respecto a la posibilidad de que los empresarios exijan una rebaja del coste del despido para reducir la temporalidad, Valeriano Gómez se mostró confiado en que los sindicatos y la patronal serán capaces de llegar a un acuerdo, porque "ya hay precedentes", dijo, aunque, recomendó esperar hasta que se produzcan esas negociaciones.
Esta Comisión, precisó Gómez, tendrá el encargo específico de analizar las estadísticas y registros que se dan en España y que afectan al mercado de trabajo, es decir, el paro registrado del INEM y la Encuesta de Población Activa que elabora el INE, porque aunque proceden de fuentes distintas "no es razonable" que arrojen datos "tan diferentes" y eso "es bueno evaluarlo y adaptarlo".
Además, la Comisión deberá evaluar "la influencia de la puesta en marcha del SIPSE", el sistema informático que ha cruzado toda la información laboral de los servicios de empleo estatales (el INEM) y los de las comunidades autónomas. El tercer trabajo de esta Comisión de Expertos será analizar la legislación vigente, las posibles "deficiencias" o "desfases" de la normativa y hacer un informe de propuestas con las necesidades y cambios necesarios para impulsar el mercado de trabajo y, especialmente, la contratación indefinida.
Para estos trabajos y "con carácter previo a las reformas", explicó Gómez, el Gobierno necesita la cooperación de los agentes sociales para evaluar "conjuntamente" el funcionamiento de las políticas de empleo de los últimos años y estudiar cuáles pueden ser los cambios pertinentes. Los trabajos y recomendaciones de esta Comisión de Expertos finalizarán a finales de año y sobre esos resultados y conclusiones, comenzarán las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para reformar el mercado laboral en la primavera de 2005, dijo Gómez. Para el Gobierno, las reformas que se acuerden con los agentes sociales deben servir para reducir la contratación temporal -especialmente la de los contratos eventuales por circunstancias de la producción y los de obra o servicio determinado- y aumentar la indefinida.
Asimismo, el Ejecutivo quiere actuar sobre las empresas con más subcontratación, porque "creemos que hay un núcleo de empleo importante que puede convertirse en indefinido" y sobre las compañías de servicios que "mercantilizan sus actividades". Además, explicó, hay que seguir avanzando en la estabilidad del empleo, ampliar la formación de los parados y la formación continua de los trabajadores, y solucionar los problemas de la negociación colectiva, aunque en este campo, subrayó, el Gobierno "confía en la capacidad demostrada" de los agentes sociales para mantener negociaciones bipartitas y autónomas.
El secretario general de Empleo abogó además por regular los derechos de participación de los trabajadores en las empresas, especialmente en las subcontratas, trasponer las directivas comunitarias pendientes, establecer una nueva regulación del Salario Mínimo Interprofesional y desvincularlo del conjunto de políticas sociales. Respecto a la posibilidad de que los empresarios exijan una rebaja del coste del despido para reducir la temporalidad, Valeriano Gómez se mostró confiado en que los sindicatos y la patronal serán capaces de llegar a un acuerdo, porque "ya hay precedentes", dijo, aunque, recomendó esperar hasta que se produzcan esas negociaciones.