LD (Europa Press) El portavoz de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, ha reiterado que su grupo parlamentario se manifiestará en el Pleno en contra de la convalidación de los decretos, y que si dichas medidas se tramitaran como proyecto ley, presentaría enmiendas. Sin embargo, recibirá el voto favorable de CiU, según ha confirmado Josep Sánchez Llibre, alegando que su interés principal es "evitar" pérdidas en el control energético español. El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, ha dicho a su vez que previsiblemente su formación votará a favor de la convalidación de los decretos ley, aunque pedirá que se tramite como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan realizar sus propuestas y estas medidas tengan un procedimiento ordinario.
El pulso del Gobierno a las instituciones comunitarias quedó claramente fijado por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien dijo el pasado viernes que el Ejecutivo atendería a la petición de la CE "cuando los procedimientos internos españoles" -la ratificación parlamentaria del decreto- lo permitieran, tras conocerse que la CE había denegado la prórroga de nueve días solicitada para responder a las dudas de Bruselas sobre las nuevas competencias de la CNE.
La CE, a través del comisario de Mercado Interior Charles McCreevy, pidió explicaciones al Gobierno español alegando que las nuevas funciones de la CNE podrían constituir un "obstáculo" para la libre circulación de capitales y el libre establecimiento de empresas en cualquier país miembro. Con este motivo, envió una carta en la que decía que no estaban explicadas suficientemente claras las nuevas funciones de la CNE y solicitaba una aclaración antes de 10 días, entonces el Gobierno español pidió una prórroga de nueve días que fue denegada al considerar que la petición no estaba justificada. Es más, advirtió de que si la información no llegaba a tiempo, utilizaría todos los instrumentos que permite el Tratado, entre los que mencionó "la posibilidad de iniciar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE)". Fuentes del Gobierno aseguraron a Europa Press que de momento no hay ningún expediente abierto por lo que "no hay ninguna prisa" en cumplir ningún tipo de plazos.
Un trámite de hasta cuatro meses
Por su parte, el grupo energético alemán E.On tiene pendiente el trámite de presentar ante la CNE su proyecto de OPA sobre Endesa, pero no tiene un plazo fijo para hacerlo. Entonces, el organismo regulador de los mercados energéticos tendrán un mes para emitir un dictamen: autorizarlo, desautorizarlo o autorizarlo con condiciones. Aunque oficialmente el organismo dispone de un mes para llevar a cabo su examen, fuentes de la CNE indicaron a Europa Press que este trámite podría alargarse hasta cuatro meses, dependiendo de la documentación que se le pida a E.On. Cada vez que se pida más información "el reloj se para", con lo que el periodo se alarga.