LD (EFE) Société Générale, aunque afirmó que no quería comentar el informe, subrayó que éste "no pone en cuestión" el sistema de gestión de los riesgos de mercado, e insistió en que ya se han puesto en aplicación o lo serán próximamente las medidas que habrían podido detectar y prevenir el fraude.
"Algunos mecanismos de controles internos de Société Générale no funcionaron y a los que funcionaron no siempre les siguieron las modificaciones apropiadas", declaró Lagarde al presentar el informe sobre el fraude que le había encargado el primer ministro, François Fillon.
En un comunicado, el departamento de Economía señaló que en la cuestión de los controles internos el informe "identifica varios puntos susceptibles de haber sido determinantes" en esta crisis, que el banco atribuye a uno de sus operadores de mercados, Jérôme Kerviel, al que acusa de haber tomado posiciones desmesuradas y de riesgo muy por encima de las que tenía autorizadas.
En su trabajo, Lagarde constata que hubo instrumentos de control que lanzaron advertencias sobre la actividad de Kerviel, pero que no fueron tenidas en cuenta por los responsables del banco. Una alusión a que el organismo financiero Eurex lanzó en noviembre alertas sobre las posiciones del operador, pero sus superiores se contentaron con las explicaciones que éste les dio.
La titular de Finanzas subrayó que la cesión, entre el 21 y el 23 de enero, de las posiciones que había asumido irregularmente Kerviel por unos 50.000 millones de euros tras ser descubiertas el 18 de ese mismo mes, no pueden imputarse a Société Générale. Esas cesiones, precisó, se hicieron "de forma profesional en condiciones de mercado difíciles", y esas condiciones fueron las que hicieron que las pérdidas de este desfalco subieran hasta los citados 4.900 millones de euros.
La ministra, en el documento, propuso "pistas de reflexión para reforzar el control de las operaciones de mercado", una de ellas aumentar las sanciones que puede imponer la Comisión Bancaria a las entidades financieras, ahora limitadas a cinco millones de euros. También se pronunció por "precisar mejor la articulación entre las autoridades de supervisión y el Gobierno en este tipo de situación susceptible de tener consecuencias para la estabilidad del sistema financiero".
No obstante, Lagarde puntualizó que con su informe no quería señalar culpables o responsables, puesto que el caso es objeto de un procedimiento judicial y de investigaciones de la Autoridad de los Mercados Financieros y de la Comisión Bancaria.
"Algunos mecanismos de controles internos de Société Générale no funcionaron y a los que funcionaron no siempre les siguieron las modificaciones apropiadas", declaró Lagarde al presentar el informe sobre el fraude que le había encargado el primer ministro, François Fillon.
En un comunicado, el departamento de Economía señaló que en la cuestión de los controles internos el informe "identifica varios puntos susceptibles de haber sido determinantes" en esta crisis, que el banco atribuye a uno de sus operadores de mercados, Jérôme Kerviel, al que acusa de haber tomado posiciones desmesuradas y de riesgo muy por encima de las que tenía autorizadas.
En su trabajo, Lagarde constata que hubo instrumentos de control que lanzaron advertencias sobre la actividad de Kerviel, pero que no fueron tenidas en cuenta por los responsables del banco. Una alusión a que el organismo financiero Eurex lanzó en noviembre alertas sobre las posiciones del operador, pero sus superiores se contentaron con las explicaciones que éste les dio.
La titular de Finanzas subrayó que la cesión, entre el 21 y el 23 de enero, de las posiciones que había asumido irregularmente Kerviel por unos 50.000 millones de euros tras ser descubiertas el 18 de ese mismo mes, no pueden imputarse a Société Générale. Esas cesiones, precisó, se hicieron "de forma profesional en condiciones de mercado difíciles", y esas condiciones fueron las que hicieron que las pérdidas de este desfalco subieran hasta los citados 4.900 millones de euros.
La ministra, en el documento, propuso "pistas de reflexión para reforzar el control de las operaciones de mercado", una de ellas aumentar las sanciones que puede imponer la Comisión Bancaria a las entidades financieras, ahora limitadas a cinco millones de euros. También se pronunció por "precisar mejor la articulación entre las autoridades de supervisión y el Gobierno en este tipo de situación susceptible de tener consecuencias para la estabilidad del sistema financiero".
No obstante, Lagarde puntualizó que con su informe no quería señalar culpables o responsables, puesto que el caso es objeto de un procedimiento judicial y de investigaciones de la Autoridad de los Mercados Financieros y de la Comisión Bancaria.