El Gobierno y los sindicatos firmaron hoy el acuerdo salarial para la función púlica 2010-2012 en el marco del diálogo social, con un incremento salarial del 0,3% para 2010, que será compensado, "si fuera necesario", en 2012 a través de una cláusula de revisión salarial, la primera que se acuerda en la Administración del Estado.
El Gobierno destinará 50 millones de euros para financiar la subida.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, que se reincorpora hoy al trabajo tras ser intervenida quirúrgicamente la semana pasada, firmó el acuerdo con los líderes sindicales de la función pública, Julio Lacuerda de UGT, Enrque Fosul de CC.OO. y Domingo Fernández de CSI-CSIF.
El acuerdo, que se desarrollará durante los próximos tres años, incorpora un total de 50 medidas para el "incremento de la calidad y la eficacia" de los servicios públicos, la reforma y modernización de la Administración y la mejora de las condiciones de trabajo.
Asimismo, incorpora "la profesionalización y la productividad" de los empleados públicos, el mantenimiento del poder adquistivo de los funcionarios y la garantía y el buen ejercicio de los derechos sindicales.
El Gobierno y sindicatos han llegado a un acuerdo para incorporar a los Presupuestos de 2010 los criterios por los que se regirá la Oferta de Empleo Público el año que viene, de forma que el total de plazas públicas no superará el 15% de la tasa de reposición y se concentrará en los sectores que se consideren "esenciales y prioritarios".
En la rueda de prensa que se celebró en el Palacio de la Moncloa tras la firma del acuerdo, De la Vega aseguró que la búsqueda de consenso, la acción concertada y el compromiso con el interés general por parte del Gobierno y los agentes sociales ha favorecido el progreso y la estabilidad económica y social del país.
De la misma forma, aseguró que, en un contexto de dificultades como el actual, es diálogo social es, si cabe, "más necesario que nunca", por lo que el acuerdo de hoy supone una "importante contribuación" al diálogo social y a ese nuevo modelo económico que necesita la economía española, porque con él se converitá a la Administración del Estado en motor importante que, "sin duda", va a contribuir a la salida de la crisis.