El Gobierno entrará en el capital de las cajas de ahorro para intentar eliminar las dudas sobre su solvencia. Lo hará a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), con un objetivo muy concreto: la privatización del mayor número posible de entidades y el cambio en la actividad de aquellas que no sigan este camino.
El propio Alfredo Pérez Rubalcaba ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno trabaja en esta línea y que la presentación de la nueva normativa, en la que Economía está trabajando codo con codo con el Banco de España, es inminente. De hecho, se rumorea que será el próximo viernes, en el Consejo de Ministros, cuando se darán a conocer los detalles de la propuesta.
Con esta modificación, el Ejecutivo conseguiría los tres objetivos que tanto ha demandado el Banco de España en los últimos años. En primer lugar, recapitalizaría las cajas y reduciría la incertidumbre sobre la solvencia del sistema financiero español. Numerosos analistas creen que son las dudas sobre la salud de las cajas el elemento que más amenazan la recuperación de la economía española, puesto que nadie sabe exactamente a cuánto asciende el agujero del sector.
En segundo lugar, la reforma permitiría avanzar en la senda de la privatización de las cajas (un elemento extraño en el sistema financiero español, que hace tiempo dejaron de cumplir la función para la que fueron creadas hace más de 150 años). Y, en tercer lugar, aunque quizás sea la consecuencia más importante y que polémica generará, despolitiza la gestión de las entidades.
Ni autonomías, ni ayuntamientos, ni sindicatos
Porque, por debajo de la propuesta del Gobierno, y aunque éste no lo reconocerá, está la vieja demanda del Banco de España de expulsar a autonomías, ayuntamientos y sindicatos de la gestión de las cajas. Miguel Ángel Fernández Ordóñez ya ha alertado en numerosas ocasiones sobre la necesidad de despolitizar las cajas. Y parece que ahora, obligado por las circunstancias, Economía le hará caso. Los gobiernos autonómicos y municipales perderán así un importante instrumento de poder y de formación de redes clientelares. Lo normal, es que protesten, pero la acuciante necesidad de capital en las entidades hace que en esta ocasión el Gobierno tenga todas las bazas en su mano.
Respecto a estas necesidades de capital, las cifras varían mucho. El Bank Of America cifraba este jueves en 42.800 millones de euros la cantidad que habrá que aportar, según indica El Economista. Otros analistas, como Nomura (compañía de inversión japonesa) elevan esta cantidad hasta los 80.000 millones.
Esta cantidad proviene, fundamentalmente, del descalabro del sector inmobiliario. Las cajas prestaron dinero a promotoras, constructoras y particulares. La garantía de estos préstamos eran esos mismo bienes. El problema es que, tras la explosión de la burbuja, esos activos no valen hoy lo mismo que hace cinco años. Por eso, muchas entidades se encuentran con que prestaron 100; luego, cuando llegaron los impagos, se tuvieron que quedar con algunos de esos activos; y ahora, esas promociones, pisos y suelo en su poder valen 60. De hecho, según informa este viernes El Mundo, Caja Madrid se estaría planteando admitir una reducción en su cartera de 10.000 millones de euros, con el objetivo de recuperar de una vez la confianza de los inversores, aún al coste de exponer la verdadera foto de su balance.
En este proceso, tuvieron mucho que ver las presiones políticas y la irresponsabilidad de unos gestores nombrados por su cercanía al presidente autonómico de turno, y no por su competencia. Desde los ejecutivos regionales, los ayuntamientos y las diputaciones se alentaron préstamos muy arriesgados con fines electoralistas (desde la construcción de aeropuertos como el de Ciudad Real a polígonos empresariales donde no había demanda). Por eso, aunque todo el sistema financiero ha sufrido el colapso inmobiliario, han sido las cajas las que peor han soportado la situación.
La privatización
Ahora, el futuro del sector se antoja muy movido. De hecho, el número de entidades ya ha pasado de 45 a 17, y se prevé que pueda haber nuevos movimientos. Además, no se quedará sólo en una reoganización, sino que cambiará la naturaleza de las cajas, de forma similar a como se hizo hace unos años en Italia (se privatizaron todas las entidades).
Se hará a través de la entrada en el capital de nuevos inversores. Las cajas que lo necesiten (casi todas) podrán recapitalizarse en el mercado, a cambio de cuotas participativas. Pero claro, los inversores estarán mucho más dispuestos a poner su dinero si a esté va aparejado al control de la entidad (es decir, tener más del 50% del capital). La nueva Ley prevé esta situación y admite que las cajas pasen a ser bancos privados, con la Fundación manteniéndose aparte como entidad de derecho público.
De esta manera, una caja pasaría a ser una entidad igual a un banco, con la particularidad de que una Fundación pública tendría un porcentaje minoritario de su accionariado. Incluso La Caixa, una de las entidades más solventes del sector ha reconocido que no descarta esta posibilidad. La única duda es cuántas entidades seguirán este camino y cuántas intentarán mantener su actual naturaleza. Las apuestas de los analistas van hacia una completa privatización en el medio plazo (cuatro-cinco años), pero por ahora ninguna ha dado el primer paso en esta dirección.