El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció hace unos días que el Ejecutivo está dispuesto a revisar los términos de esta ayuda, que desde su puesta en marcha el pasado 17 de agosto ha sido objeto de polémica.
La razón es que no beneficiará a todos los parados que se encuentren en esta situación, sino sólo a los que agoten sus subsidios desde el 1 de agosto. Desde diferentes frentes se ha acusado al Gobierno de dar información engañosa en torno a la ayuda y se le ha pedido que la amplíe retrasando la fecha de inicio.
En este sentido, las mismas fuentes indicaron que "hay que echar números", ya que el problema que se plantea a la hora de ampliar la ayuda es el gasto que podría acarrear.
Por lo pronto, el coste de la ayuda, tal y como fue aprobada por el Gobiernpo, se ha cifrado en 642 millones de euros, si bien cada mes en que ésta se ampliara supondría un incremento del gasto de 100 millones de euros, según cálculos del Ministerio de Trabajo.
La memoria económica del decreto ley parte que regula esta ayuda parte del supuesto de que los beneficiarios del subsidio de 420 euros no agotarán los seis meses previstos y lo cobrarán durante 4,5 meses de media antes de encontrar un nuevo puesto de trabajo.
Ahora bien, indica que "en el periodo de aplicación de la medida no se estima que se vaya a producir una variación importante de las condiciones del mercado de trabajo", lo que sugiere que de complicarse la situación, el coste sería aún mayor, puesto que la permanencia en el desempleo también tendería a dilatarse más allá de los 4,5 meses de media.
Los sindicatos han venido reclamando que la ayuda de 420 euros se preste por un periodo de un año, en lugar de seis meses, y que se adelante la fecha de efecto de esta medida desde el 1 de agosto vigente ahora mismo hasta principios de año, lo que incrementaría notablemente el número de beneficiarios.
Corbacho aconseja a las CCAA que "ahorren"
En una entrevista publicada este lunes por La Razón el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, cree que la norma que regula esta ayuda acabará modificándose en aras del consenso parlamentario, aunque mantiene que al Gobierno le gustaría aprobarla en sus términos actuales, sin que se amplíe su retroactividad.
En principio, Corbacho descarta ampliar la ayuda desde los seis meses actuales a un año, tal y como piden los sindicatos, y subraya que el único punto que ahora mismo está en discusión es la retroactividad de la medida.
En este sentido, manifiesta que si pasados seis meses la situación no se ha resuelto, serán las comunidades autónomas las que tendrán que hacerse cargo de los parados sin ingresos. "La red no la puede hacer sólo el Estado", insiste.
"Mi consejo a las comunidades autónomas es que ahorren, porque cuando se agoten los seis meses de subvención del Estado serán ellas las que deban pagar ese subsidio", afirma el ministro.