(Libertad Digital) Las dos asociaciones representativas de los autónomos están negociando con el Gobierno la ampliación a los autónomos de las medidas que el Ejecutivo está diseñando para el auxilio de las pymes, dirigidas a cubrir las dos necesidades básicas de este colectivo: liquidez y garantías.
Según publica el diario El Economista, respecto a las garantías, la propuesta que está en estudio es que el Gobierno, a través de la entidad pública, avale entre el 40 y el 50 por ciento de los préstamos que soliciten los autónomos a los bancos y las cajas de ahorro, con el objetivo de facilitarles la obtención de crédito.
Y en el caso de la liquidez, la fórmula que baraja el Gobierno es destinar a circulante un 30 por ciento del presupuesto total de la Línea para Emprendedores del Instituto de Crédito Oficial (ICO), o lo que es lo mismo, adelantar a los empresarios dinero que está en sus previsiones, pero con el que no cuentan en su caja y que necesitan para continuar con su actividad diaria. Esto permitiría dedicar 22,5 millones de euros a financiar la actividad ordinaria del negocio de los autónomos.
La línea de mediación financiera del ICO para apoyo a los emprendedores es, junto a la de internacionalización empresarial, una de las que acumulan un mayor volumen de demanda y operaciones a lo largo de este año. Abierta para apoyar con créditos preferentes la creación de nuevas empresas o de nuevas actividades profesionales, la línea cuenta con una dotación presupuestaria de 75 millones de euros, de los que a 1 de noviembre se habían dispuesto ya 68 millones, con un porcentaje de utilización del 90,7 por ciento.
Estas medidas de liquidez y garantías se extendería también, según El Economista, a los microcréditos, un instrumento financiero para apoyar a las personas con dificultades de acceso a los canales habituales de financiación (mujeres, inmigrantes, discapacitados, mayores de 45 años y parados de larga duración), que quieran abrir pequeños negocios para integrarse en el mundo laboral.
A pesar de su escasa cuantía, la línea de microcréditos del ICO –dotada con 20 millones de euros para 2008- está prácticamente sin utilizar, ante la negativa de los bancos a asumir los riesgos de la operación por la carencia de garantías.