L D (Europa Press) Según explicó el fiscal Jose Centenaro, cinco fiscales y varios policías entraron en la sede de la petrolera en esa ciudad, en el este del país, después de que la empresa se negara a entregar documentación sobre un presunto contrato irregular entre Repsol y la firma brasileña Petrobras. "El allanamiento fue ordenado por un juez. Se trata de una posible estafa y se refiere a la venta directa de gas entre Andina (filial de Repsol) y Petrobras", sin conocimiento del Estado boliviano, explicó.
Una fuente de la compañía, que no quiso identificarse por razones internas de la empresa, declaró que el allanamiento es una acción "irregular y desproporcionada" y aseguró que el contrato observado no fue un secreto ni produjo daño económico al Estado boliviano. Indicó que los ejecutivos de la compañía entregaron la documentación reclamada por los fiscales "como una muestra de su voluntad de cooperar en las investigaciones".
De acuerdo con la denuncia, el trato presuntamente ilegal protegió durante casi cuatro años a Petrobras contra las alzas de precios del gas que importa desde Bolivia. La demanda fue presentada a la fiscalía en junio, un mes después de que el presidente Evo Morales nacionalizará los hidrocarburos. El denunciante es un director boliviano que nombró el Gobierno en la compañía Andina tras decretar la nacionalización.
En un reciente informe al Senado, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, aseguró que el acuerdo provocó perdidas por 161 millones de dólares. Por el caso son investigados el ex gerente de Andina, el español José María Moreno, y los brasileños Antonio Luiz Silva de Menezes, director de gas y energía de Petrobras, y Luiz Rodolfo Landim Machado, director gerente de la misma petrolera.
Ésta es la segunda investigación de la Fiscalía contra Repsol desde la nacionalización de los hidrocarburos. En mayo la fiscalía ordenó un allanamiento a la empresa para detener a su presidente de entonces Julio Gavito y el gerente en jefe de operaciones Pedro Sánchez. Ambos son investigados en un caso que involucra también a Andina, por presunto contrabando de crudo entre 2004 y 2005 por 9,2 millones de dólares. Las indagaciones no han concluido, pero Gavito renunció a la empresa y regresó a España.