LD (Agencias) En su respuesta al Ejecutivo comunitario, el Gobierno rechaza los argumentos de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, y defiende las condiciones impuestas por el ministerio de industria para garantizar la seguridad de suministro, según informaron fuentes gubernamentales, que consideraron inevitable que el caso termine ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las fuentes consultadas por Europa Press destacaron que "no se trata de una problemática empresarial", puesto que E.ON ya ha aceptado las condiciones del Gobierno, sino una "diferente interpretación del derecho comunitario".
Por su parte, las fuentes que consulró la agencia EFE han dicho que tras la decisión española, el asunto tiene todos los visos de acabar en el Tribunal Europeo de Justicia, lo que supone una solución "lógica" que "no afecta a la operación empresarial". Para España, según las mismas fuentes, no se trata de un problema de tipo empresarial, sino de una interpretación del derecho comunitario, ya que en un sector como la energía "hay que buscar un punto intermedio" entre la libertad de movimientos de capitales y de empresa con la obligación de los Estados de garantizar la seguridad del suministro.
Las nuevas condiciones cuya retirada exigía Bruselas son, en concreto, la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de 5 años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.On de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.