LD (L. Ramírez) El Ejecutivo quiere aprovechar el poco conocimiento que tienen los ciudadanos sobre la economía para enmascarar el rescate de la Caja de Castilla – La Mancha, intervenida por el Banco de España. En esta línea, defiende que avalar deuda de entidades financieras por medio del Estado no tiene coste alguno para los contribuyentes, lo que es una falacia.
El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó un aumento de las garantías para los inversores en las emisiones de las entidades de crédito avaladas por el Estado. La razón era que la rebaja de la calidad de la deuda española está aumentando el dinero que hay que pagar a los inversores por la misma, lo que también está afectando a los avales que da el Estado a la deuda de la entidades financieras.
La aprobación de esta modificación viene derivada de la necesidad de completar las medidas puestas ya en funcionamiento y que fueron recogidas en el Real Decreto Ley, de 13 de octubre de 2008, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera que contemplaba avales por 250.000 millones de euros hasta 2010.
De acuerdo a lo aprobado, en caso de producirse un impago en una de las emisiones avaladas por el Estado, el inversor recibirá una compensación durante el tiempo que transcurra entre el impago por parte del emisor y el pago por parte del Estado de las cantidades avaladas. Es decir, que tendría un coste para las arcas públicas
De hecho, desde que la agencia de calificación S&P decidió rebajar la calidad de la deuda española, el interés que hay que pagar por esos bonos, letras y obligaciones se ha disparado más de un 25%.
Y ahora, tras la intervención de CCM, el Gobierno dice que las garantías que el Tesoro otorgará al Banco de España para la inyección de fondos por importe máximo de 9.000 millones de euros -con el fin de garantizar la liquidez de la entidad- no tendrán impacto en las cuentas públicas, ni a través de un incremento de los gastos ni por disminución de los ingresos estatales.
Así consta en la memoria económica que acompaña al decreto ley remitido al Congreso de los Diputados, a la que tuvo acceso Europa Press, y en la que se indica que esta operación está dentro del límite máximo de avales públicos fijado por los Presupuestos Generales del Estado para 2009, fijado en 100.500 millones de euros.
El importe de los avales otorgados por la Administración General del Estado no puede exceder del límite establecido para cada año por la Ley General Presupuestaria, que para este año se cifró en 100.500 millones de euros como consecuencia del plan de apoyo al sector financiero puesto en marcha por el Ejecutivo socialista a finales de 2008.
Papel del Fondo de Garantía de Depósitos
Por otro lado, en el caso de ejecutarse el aval de la operación sobre CCM, el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) deberá reembolsar al Tesoro la cuantía que resulte de aplicar la cantidad a satisfacer por el Tesoro al Banco de España el porcentaje que representen, a la fecha de entrada en vigor del decreto los depósitos garantizados por el Fondo sobre las obligaciones exigibles de la entidad.
Además, en este supuesto, según la disposición adicional única del decreto, se autoriza a la Dirección General del Tesoro para que pueda realizar los pagos correspondientes a las obligaciones garantizadas mediante operaciones de tesorería "con cargo al concepto específico que se fije a tal fin".
El problema es que el FDG no dispone de fondos suficientes para una operación de calado. Según los datos de la memoria económica al cierre de 2008, el Fondo de los bancos tiene un patrimonio de 2.655,78 millones de euros, el de las cajas de 3.977,37 millones y el de las cooperativas de crédito 589,16 millones. Es decir, que en total el colchón financiero para afrontar los problemas del sector financiero es de 7.222 millones de euros.
Esta cantidad está lejos de asegurar los 2,2 billones de euros de depósitos que tiene contabilizados el Banco de España a fecha de julio de 2008. En términos porcentuales los FDG sólo cubren el 3,28% de los depósitos, una cantidad que, pese a ser pequeña, está dentro de lo establecido por el reglamento que regula el Fondo, tal como avanzó LD.
“Extraordinaria y urgente necesidad”
En el decreto ley, firmado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se pone de manifiesto que los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifican su aprobación derivan de la "inmediata necesidad de asegurar que la entidad esté en condiciones de seguir cumpliendo todas sus obligaciones frente a depositantes y acreedores".
Por ello, y a propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se autoriza a la Administración General del Estado para avalar durante el presente ejercicio, por un importe máximo de 9.000 millones de euros, las obligaciones derivadas de las financiaciones que pueda otorgar el Banco de España a CCM.
Todo ello, a pesar de que tanto Solbes como Zapatero han querido restar hierro a la intervención de la caja castellana diciendo que es sólo un “mero trámite”.