Las Sicav son sociedades de inversión colectiva que precisan de un capital mínimo de 2.400.000 euros para constituirse. Aunque se crearon como un medio de inversión similar a los fondos, pronto se convirtieron en la herramienta preferida de las grandes fortunas españolas para mover su dinero.
La Ley obliga a que tengan un mínimo de 100 accionistas. Sin embargo, pronto se generalizó la figura conocida como "mariachi" en el sector financiero; es decir, alguien que era teóricamente parte de la Sicav pero que, en realidad, sólo ponía su nombre para que un inversor mayoritario llegara a ese centenar de accionistas. Por eso, hay muchas sociedades de este tipo que tienen uno o dos accionistas con el 99,9% de los títulos, mientras otros noventa y nueve tienen (entre todos) el 0,1% restante.
Esta "trampa" legal ha levantado muchas protestas porque permite que una persona maneje su patrimonio con las ventajas que, en teoría, están reservadas a los fondos de inversión. Sin embargo, la clave de estas sociedades ha sido el artículo por el que podían diferir (o ahorrarse completamente) la tributación por las ganancias que obtuviesen.
En principio, el truco de las Sicav es que sólo pagan el 1% de sus beneficios en concepto de Impuesto de Sociedades. Pero eso sólo atañe a las ganancias societarias: por ejemplo, si una Sicav invierte 10 millones de euros y gana un millón, sólo paga el 1% de esa cantidad (no el 30% como cotizan los beneficios de cualquier empresa mediante el Impuesto de Sociedades). Sin embargo, en el caso de que el propietario quiera llevarse a su cuenta corriente ese beneficio tendrá que pagar entre el 19-21% en el IRPF, como ganancia del capital.
Pero, y aquí está la clave, según una disposición de la normativa de sociedades, las reducciones de capital no tributan. Esto ha abierto la puerta a las Sicav "falsas" o personales. Los propietarios alegan que el dinero que sacan es reducción de capital y no recogida de beneficios. Esto se puede hacer hasta el límite del capital inicial. Por volver al ejemplo anterior: si el propietario mete 10 millones al abrir la Sicav, podrá sacar dinero, sin pagar un duro a Hacienda, hasta que los beneficios lleguen a esa cifra. A partir de entonces, pagará al 19-21%, pero la ventaja anterior es algo de lo que no disfrutan el resto de los españoles.
Por lo general, las Sicav de las grandes fortunas tienen un capital mucho mayor de 2,4 millones. Si alguien abre una sociedad de este tipo con 50 millones de euros, pasará mucho tiempo hasta que retire esa cantidad de beneficios. Como mínimo, difiere el pago muchos años.
Todo esto es lo que el Gobierno ha cambiado. A partir de ahora, las reducciones de capital tributarán al mismo tipo que los beneficios. Por lo tanto, a los ricos se les ha acabado el chollo. Si quieren retirar dinero de las Sicav, pagarán impuestos. Es más, tras esta modificación, las ventajas de las Sicav respecto a los fondos de inversión quedan bastante diluidas.
Además, Salgado ha cerrado todas las puertas y ha metido una frase por la que los accionistas españoles de una Sicav en el extranjero también tributarán en España por los beneficios asociadas a la misma. La solución que muchos pensaron (llevarse la sociedad a Luxemburgo) queda así invalidada.
Las consecuencias
El cambio se aprobó el viernes, por lo que todavía no está claro qué consejos darán a sus clientes los asesores fiscales o los gestores de fondos. La primera rendija es temporal: las novedades entrarán en vigor el 1 de enero de 2011. Por lo tanto, los propietarios de Sicav tienen 3 meses largos para adaptarse. Los inspectores de Hacienda ya han alertado de que esperan que haya una descapitalización brutal de estas sociedades hasta el límite de la inversión inicial (cada dueño se llevará el dinero hasta la frontera en la que tendría que pagar intereses y el resto lo dejará como una inversión a largo plazo).
La segunda consecuencia será una masiva fuga de capitales. Muchos ricos con Sicav en España se irán a países europeos con una legislación más favorable. En principio, esto no tiene por qué afectar demasiado a las posesiones de las Sicav, puesto que las acciones que antes tuvieran en empresas españolas pueden seguir en su poder desde Luxemburgo.
La diferencia está en que antes Hacienda se llevaba el 1% de los beneficios, más el 19-21% cuando se empezaban a recoger beneficios; a partir de ahora, en teoría, el Fisco tiene los brazos más largos, pero quizás tenga menos monedas que recoger.
Además, podría suponer un duro golpe para el sector inversor. Las comisiones por compra-venta, asesoría, consultoría, etc., que cobraban las empresas españolas se las llevarán ahora las luxemburguesas.
En cualquier caso, el sector ya está preparándose. Como decía este mismo lunes un asesor madrileño, "hecha la ley, hecha la trampa. Todos los gestores patrimoniales están estudiando qué hacer para evitarlo". Una de las opciones podría ser crear Sicav en el extranjero que estén en manos de una segunda sociedad. De esta manera, el propietario es una persona jurídica, mientras que el rico se oculta detrás de esta pantalla (y evita así que Salgado le cobre por ser residente en España).