L D (EFE) Martínez Robles expuso el martes a los sindicatos con representación en Izar –CCOO, UGT, ELA, USTG, CAT y CIG– los cuatro principios básicos del plan de viabilidad: la segregación de la actividad militar, la entrada de capital privado en los astilleros civiles y la garantía tanto de los derechos de los trabajadores como de las obligaciones de Izar con terceros. Asimismo, aseguró que no habrá medidas laborales traumáticas y destacó la voluntad de negociación del grupo público.
Martínez Robles sostuvo que la segregación de los astilleros militares es la única solución para evitar que el conjunto de Izar entre en causa de disolución cuando tenga que devolver las ayudas públicas declaradas ilegales por la Comisión Europea (CE).
Segregación de los astilleros de El Ferrol, Cartagena, Puerto Real y Cádiz
Para realizar la segregación, el Consejo de Ministros autorizó el 30 de julio a Izar la constitución de una nueva sociedad de responsabilidad limitada, a la que se aportarían los activos correspondientes, en concreto los astilleros de El Ferrol (nuevas construcciones y reparaciones), Cartagena (nuevas construcciones, reparaciones y motores), Puerto Real (nuevas construcciones y sistemas) y Cádiz (reparaciones). Posteriormente, la nueva empresa se convertiría en sociedad anónima y sería adquirida por la SEPI.
Según el grupo público, en la elección de los astilleros se han tenido en cuenta las necesidades del Ministerio de Defensa. De los cuatro elegidos, dos proceden de la antigua Bazán (El Ferrol y Cartagena) y dos de AESA (Puerto Real y Cádiz).
Izar se constituyó en 2000 como resultado de la integración de Bazán, dedicada a la actividad militar, y AESA, centrada en la construcción naval civil. El astillero de San Fernando, que procede también de Bazán, no ha sido incluido en la nueva sociedad porque, según Martínez Robles, durante los últimos años sólo ha realizado construcción civil.
Martínez Robles declaró también que la entrada de capital privado en los astilleros civiles es necesaria porque la normativa comunitaria impide aportar capital público. La introducción de aquél se haría "de forma gradual", en el medio plazo, dentro de un proceso de venta de activos que cumpliría los requisitos de publicidad, transparencia y concurrencia.
A los proyectos empresariales que resulten elegidos se les exigiría viabilidad de futuro y mantenimiento del mayor número de empleos posible. A su juicio, los astilleros civiles pueden ser rentables cuando se hayan adaptado a las necesidades del mercado.