(Libertad Digital) El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios.
Se someterá a audiencia pública y será remitido a las comunidades autónomas, a los órganos consultivos (Consejo de Consumidores y Usuarios, Comisión Nacional de Competencia, Comisión Nacional de Administración Local, Consejo Económico y Social y al Consejo de Estado.
Esta norma supone la trasposición de la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico español. Según el Ejecutivo “se trata de una trasposición ambiciosa, gracias a la cual se impulsará la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en el sector servicios, que representa el 66 por ciento del PIB y del empleo en España”.
Pero el Gobierno no descuenta de este 66 por ciento del PIB que representan todos los servicios aquellos que no se incluyen en la reforma, por tener regulaciones separadas.
Así, quedan fuera los servicios financieros, comunicaciones electrónicas, transporte y servicios portuarios, empresas de trabajo temporal, servicios sanitarios y audiovisuales, determinadas actividades de juego, las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, los servicios sociales prestados en virtud de acuerdo con la Administración o los servicios de seguridad privados.
Las actividades que reducirán los trámites burocráticos no son muchas. el secretario de Estado de Economía, David Vegara, puso como ejemplo que, para un fontanero español, abrir su negocio le supone entre 15 y 240 días de espera, y los trámites administrativos le cuestan entre 100 y 2.700 euros, dependiendo de la comunidad en la que se encuentre.
Una empresa mayorista de alimentación tiene en su caso que aguardar entre 45 y 200 días antes de ponerse en marcha, y gastar entre 288 y 6.000 euros, mientras que una autoescuela, en la actualidad, sólo puede tener sucursales en una provincia, sin poder trabajar ni siquiera en la de al lado.
De esta ardua labor no se van a librar tampoco los colegios profesionales, entidades con capacidad normativa que cuentan, en muchos casos, con normas o condiciones que han quedado más que anticuadas. En cualquier caso, el secretario de Estado recordó que se está elaborando una ley específica de los colegios profesionales que también regulará y revisará muchos de estos supuestos y condiciones.
Otro sector que contará con reforma legal propia en un futuro próximo será el del comercio, como recordó el vicepresidente segundo, Pedro Solbes.
Ya sea en esta reforma o en la del sector, Solbes señaló que a estas alturas parece claro que el "viejísimo y antiguo" problema de la doble licencia para instalar un comercio se tiene que reducir ya a una licencia única.
Facilitar la apertura de negocios
La intención de esta norma, según señala el Gobierno, es la de facilitar en la medida de lo posible abrir un negocio o trabajar sin trabas a la competencia en el sector servicios, y para ello también se permitirá, por ejemplo, un número ilimitado de autorizaciones.
Esta cifra ilimitada tiene, eso sí, con una excepción: la falta de recursos naturales para hacer posible la actividad. Y para este supuesto, otro ejemplo: los chiringuitos de la playa. Si no hay agua potable suficiente para instalar muchos habrá que cortar el grifo y concursar para la concesión.
Solbes dijo que se trata de una auténtica "revolución" para hacer más competitivo el sector más importante de nuestra economía.