LD (EFE) El portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, dio cuenta de esta petición de comparecencia que el PSOE realiza después de conocerse que el Tribunal de Cuentas ha encontrado 167 incidencias en la fiscalización de los contratos del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) en 2001 en las obras del AVE de Madrid a Barcelona. Según informó Caldera, el documento del Tribunal de Cuentas "habla de que 90 de cada 100 contratos examinados contienen irregularidades", lo que significa que "tiene consecuencias económicas gravosas para la Administración Pública, que es como decir para los ciudadanos".
Por su parte, el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos señaló que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas "son bien recibidas" y siempre "son atendidas". Cascos que mantuvo hoy una reunión con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, para firmar un convenio sobre la carretera M-30, señaló a los periodistas que "lo que dice el Tribunal de Cuentas es que hay cosas que son mejorables, pero que hay cosas que no son solucionables". Para el ministro de Fomento, sería deseable que las expropiaciones pudieran resolverse siempre antes del inicio de las obras, pero "el Estado de derecho es así de exigente y por mucha voluntad de programación que pongamos los ministerios, prevalece el Estado de derecho que es garantista".
El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) considera que todas las actuaciones desarrolladas en la línea del AVE de Madrid a Barcelona "se ajustan a la más estricta legalidad". En un comunicado, el GIF puntualiza las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Cuentas y considera que las incidencias reseñadas por el informe, calificadas de "irregularidades" y "anomalías", se ajustan a la más estricta legalidad vigente y están además "perfectamente regladas" , habiéndose llevado a cabo todas de conformidad con cuantas exigencias, actos y trámites son exigidos por la Ley.
Con respecto a la acusación de que el retraso medio es del 36,50 por ciento de los plazos de finalización inicialmente previstos, el Ente Gestor señala que "la mayor parte de ellos son debidos a cuestiones ajenas a la voluntad del GIF". Estos retrasos se vinculan con los plazos de expropiación de los terrenos por los que discurren las obras, y sobre todo a la falta de titularidad por parte de los propietarios de los terrenos afectados.
Por su parte, el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos señaló que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas "son bien recibidas" y siempre "son atendidas". Cascos que mantuvo hoy una reunión con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, para firmar un convenio sobre la carretera M-30, señaló a los periodistas que "lo que dice el Tribunal de Cuentas es que hay cosas que son mejorables, pero que hay cosas que no son solucionables". Para el ministro de Fomento, sería deseable que las expropiaciones pudieran resolverse siempre antes del inicio de las obras, pero "el Estado de derecho es así de exigente y por mucha voluntad de programación que pongamos los ministerios, prevalece el Estado de derecho que es garantista".
El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) considera que todas las actuaciones desarrolladas en la línea del AVE de Madrid a Barcelona "se ajustan a la más estricta legalidad". En un comunicado, el GIF puntualiza las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Cuentas y considera que las incidencias reseñadas por el informe, calificadas de "irregularidades" y "anomalías", se ajustan a la más estricta legalidad vigente y están además "perfectamente regladas" , habiéndose llevado a cabo todas de conformidad con cuantas exigencias, actos y trámites son exigidos por la Ley.
Con respecto a la acusación de que el retraso medio es del 36,50 por ciento de los plazos de finalización inicialmente previstos, el Ente Gestor señala que "la mayor parte de ellos son debidos a cuestiones ajenas a la voluntad del GIF". Estos retrasos se vinculan con los plazos de expropiación de los terrenos por los que discurren las obras, y sobre todo a la falta de titularidad por parte de los propietarios de los terrenos afectados.