(Libertad Digital) Un informe publicado por la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) revela que el “gasto social” español es inferior a la media comunitaria. Aunque los datos son relativos al cierre de 2006, sirven para situar a cada país en su sitio, en lo referente a las prestaciones que pagan a sus ciudadanos.
Así, España destinó el 20,9% del Producto Interior Bruto (PIB) a este fin, lejos de la media europea, que se situó en el 26,9%. Francia (31,1%), Suecia (30,7%) y Bélgica (30,1%), son los países que destinan un mayor porcentaje de su PIB a la protección social, mientras que Letonia (12,2%), Estonia (12,4%) y Lituania (13,2%), se sitúan en el vagón de cola.
Estas disparidades entre los diferentes Estados miembros reflejan las diferencias en el nivel de vida, pero también son indicativos de la diversidad de sistemas nacionales de protección social y de las características demográficas, económicas, sociales y estructuras institucionales específicas de cada Estado miembro.
El informe destaca que España redujo el "gasto social" respecto al ejercicio anterior, cuando destinó el 21,1% del PIB a prestaciones. El 33,9% de las aportaciones tienen su origen en la recaudación de impuestos, mientras que el 63,9% proviene de las cotizaciones sociales.
En cuanto al destino del dinero, el 41,3% del total se emplearon en pagar pensiones de jubilación, el 31,2% en sanidad, el 7,3% en dependencia, el 5,7% a ayudas familiares y el 12,5% a prestaciones por desempleo. El 2% restante se utilizó en subvenciones para evitar la exclusión social.
Pese a que este informe hace referencia a la última información disponible, cuyos datos se refieren al año 2006, la protección social y la necesidad de controlar los impactos
sociales de la actual recesión económica han sido ya plasmados en la propuesta de un informe conjunto sobre protección social e inclusión presentado por la Comisión en febrero de 2009 .
La presión fiscal subió en 2007
En cuanto a la presión fiscal Eurostat ya tiene disponibles los datos de 2007, que revelan que en España se situó en el 37,9% del PIB en 2007, cuatro décimas más que un año antes, pero tres puntos por debajo de la media de la UE-27 (40,9%).
Durante el año 2007, la presión fiscal media de la UE-27 se mantuvo estable en un 40,9% del PIB, la misma cifra que se alcanzó en 2006 y 0,8 puntos porcentuales por encima del mínimo europeo que se logró en el ejercicio 2004, cuando alcanzó un promedio del 40,1%.
Los países que registran la mayor presión fiscal siguen siendo Dinamarca, con un 49,5%, y Suecia, con un 48,9%, figurando a continuación Bélgica (46,1%) y Francia (45,0%). Austria, Italia y Finlandia superan el 43%, mientras que Chipre se sitúa en un 41,6%.
Los restantes miembros de la UE-27 logran una presión fiscal por debajo de la media. Así, Alemania, con un 40,8%, Hungría (39,9%) y los Países Bajos (39,7%) se quedan a escasa distancia del promedio. Eslovenia registra un 38,4%, mientras que el Reino Unido comparte la cifra del 37,9% con España. Portugal llega a un 37,8% y Luxemburgo, a un 37,6%.
Por último, Grecia (34,4%) e Irlanda (32,5%) son los dos países de la antigua UE-15 con la menor presión fiscal, siendo Lituania (30,2%) y Eslovaquia (29,7%) las naciones que cierran la clasificación.