La bolsa española vivió ayer su particular martes negro, tras cerrar con una caída del 5,4%. Los rumores respecto a un posible rescate de España, cuya cuantía se estimó en 280.000 millones de euros, unido al temor sobre una nueva rebaja del rating soberano por parte de las agencias de calificación Moody´s y Fitch -tras la degradación de Standard & Poor´s- han situado a España -y también a Italia- en el centro del huracán de la crisis de deuda pública que vive la zona euro.
El presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó ayer de “auténtica locura” la posibilidad de solicitar un rescate a los organismos internacionales, ya que “España no es Grecia”. Sin embargo, el temor persiste y, de hecho, la prensa internacional opina lo contrario al situar ahora la lupa sobre las cuentas públicas del Gobierno español.
Pero los analistas internacionales no son los únicos. Según revela este miércoles el Financial Times, los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarcarán en Madrid a mediados de mayo para efectuar una profunda revisión de la economía española en la que, como es lógico, se incluirían las cuentas públicas. Pese a que el FMI señala que se trata de una vista rutinaria la misión no es tema baladí, ya que surge justo en el momento en el que ha saltado el rumor acerca de un posible rescate de España, aunque éste ha sido negado por el Gobierno y el propio Fondo.
El problema de España no reside tan sólo en su elevado desequilibrio fiscal, sino también en su abultada deuda externa -pública y privada-. España es uno de los países más endeudados del mundo desarrollado, con lo que está muy expuesta al estallido de una crisis de deuda, tal y como se ha venido reflejando en la bolsa y la desconfianza de los inversores hacia los bonos españoles a lo largo de las últimas semanas.
Según los analistas de la prestigiosa revista Fortune, si bien “puede ser verdad” que a “corto plazo” el Gobierno español no tenga necesidad de pedir un rescate, “a largo plazo tendrá que demostrar que puede valerse por sí mismo. España no es Grecia, pero si los españoles no cambian su actual trayectoria, tienen un potencial mucho mayor que el de Grecia”, en referencia al daño económico que podría ocasionar un posible default español (suspensión de pagos), ya que el peso de su economía es cuatro veces superior a la griega.
Todo este temor se ha reflejado en el mercado de seguros de impago de crédito (credit default swaps, CDS), cuyo encarecimiento transmite un mayor riesgo de impago. En la última semana, los CDS de España son los que más han subido.
Los CDS de España subían este miércoles hasta los 223,4 puntos, lo que implica un coste anual de 223.400 dólares por cada diez millones de deuda, frente a los 206.700 del anterior cierre, según los datos proporcionados a Europa Press por CMA Datavision.
Por su parte, el coste de asegurar los bonos griegos frente a impagos alcanza los 841 puntos, desde los 764,5 puntos básicos, mientras que los CDS de Portugal suben hasta 386,6 puntos, desde los 344 del cierre precedente.
De este modo, Grecia se sitúa como el segundo emisor soberano con mayor probabilidad de impago, con un probabilidad del 45,89%, sólo superado por Venezuela (47,87%), mientras que Portugal aparece ya en séptima posición con una probabilidad de impago del 26,76%, sólo por detrás de Irak (27,04%), Ucrania (32,39%), Pakistán (36,06%), Argentina (44,32%), y las citadas Grecia y Venezuela.
El diferencial respecto al bono alemán se dispara
La deuda española a largo plazo (10 años) se deterioraba de nuevo esta mañana, ya que la rentabilidad que ofrecía para atraer a los inversores subía al 4,165%, lo que la colocaba a la distancia más elevada desde 1997 respecto al rendimiento de la deuda alemana, la más segura de Europa.
El diferencial entre los bonos españoles a 10 años y sus homólogos germanos llegó a superar en algunos momentos de la mañana los 127 puntos básicos, debido a que el rendimiento de la deuda alemana experimentaba la evolución opuesta al de la española y bajaba hasta el 2,894%.
Sólo este año el Tesoro tiene que refinanciar cerca de 225.000 millones de euros, y tanto la elevada tasa de desempleo -superior al 20%- como su abultado déficit público -más del 11% del PIB- son señales de debilidad que son tenidas muy en cuenta por los inversores internacionales.
Maquillaje estadístico
El desembarco de los técnicos del FMI llega, además, en un momento en el que las dudas sobre el maquillaje de estadísticas clave -como es el paro- ha golpeado de lleno la credibilidad de Moncloa tras descubrirse el intento del Ejecutivo de ocultar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE). El objetivo del Gobierno era ocultar que España cuenta ya con un paro superior al 20%.
En este sentido, cabe recordar que a finales de 2009 la UE descubrió que Grecia había ocultado durante años su déficit público real desde el 3,7% hasta casi el 14% del PIB en 2009. Poco después, tanto Bruselas como el FMI desembarcaron en Atenas para auditar sus cuentas.
El dominó de la deuda europea
No ha sido el único. La UE tampoco se fía de las cuentas de Zapatero. No obstante, el Eurgrupo va a analizar con detalle las cuentas públicas de los países que comparten la divisa comunitaria y, curiosamente, España será una de las primeras economías en ser examinadas. Se cumplen así las amenazas de Bruselas lanzadas hace apenas unos meses ante la ausencia de reformas estructurales.
La evidente preocupación parte de la interconexión financiera existente entre los países miembros de la zona euro. Bancos y gobiernos comunitarios se deben billones de dólares entre sí, es decir, están muy expuestos a la deuda (pública y financiera) de los respectivos socios de ahí que, si uno cae, puede arrastrar a otros y causaría una nueva crisis financiera en el seno de la Unión.
Algunos datos: Italia le debe a Francia 511.000 millones de dólares (el 20% del PIB francés); la banca española posee casi un tercio de la deuda portuguesa (más de 86.000 millones de dólares); mientras que España le debe a Francia 220.000 millones, a Alemania 238.000 y a Reino Unido 114.000 millones de dólares, según datos del Banco Internacional de Pagos recogido por The New York Times.
