LD (EFE) El fiscal Vicente González Mota ha presentado su escrito final de
acusaciones, en el que también fija, según fuentes jurídicas, una responsabilidad civil de 11.559 millones de pesetas (69,71 millones
de euros) –las aportaciones totales netas de los clientes–, menos
las que pudieran hacer los doce imputados y quienes se considere
responsables civiles.
En la duodécima semana del juicio oral por este escándalo financiero, el Ministerio Público ha mantenido la petición de once años de cárcel para el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, y el número 2 de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna, por apropiación indebida y falsedad documental, al igual que la responsabilidad civil subsidiaria para La Caixa y Caja Madrid Bolsa.
El fiscal ha ratificado para Camacho la solicitud de la pena de 8 años de prisión y multa de 2 años, por importe de 175.492 euros, por el delito de apropiación indebida. Mientras que, por lo que ha considerado delito continuado de falsedad, ha solicitado para Camacho la pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses, por importe de 87.746 euros.
En la sesión de este lunes, el fiscal ha pedido las mayores condenas para Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna porque eran las personas que "actuaban coordinadamente engañando" a los clientes de Gescartera sobre el destino de sus ahorros, al ratificar su escrito previo de acusación de 2005 en su mayoría.
Según las investigaciones del fiscal, Camacho dispuso en interés propio de cerca de 7 millones de euros (1.158 millones de pesetas), a los que hay que añadir otros 5 millones de euros (832 millones de pesetas), que se sacaron de las cuentas de Gescartera en beneficio de las personas del entorno de Camacho, según el Banco de España.
Además de estos 12 millones de euros (más del 17 por ciento de las aportaciones netas totales de clientes -11.559 millones de pesetas o 69,71 millones de euros-), José María Ruiz de la Serna supo cómo ocultar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el dinero de los clientes no se encontraba invertido en activos financieros y cobró de forma indebida otros 2,7 millones de euros (460,5 millones de pesetas) de las cuentas de Gescartera desde 1998.
Por ello, el fiscal ha solicitado 11 años de cárcel al igual que para el principal comercial de Gescartera, Aníbal Sardón, quien se lucró de fondos de los clientes por importe de cerca de 500 millones de pesetas (aproximadamente 3 millones de euros), y para quien el fiscal pide además otros cinco meses de prisión o multa de 72.120 euros.
Para Pilar Giménez Reyna, Francisco Javier Sierra de la Flor, y Miguel Ángel Vicente, en su momento presidenta, apoderado, y jefe de mantenimiento de Gescartera, respectivamente, el fiscal ha solicitado 8 años de prisión, por el delito de apropiación indebida.
También han sido acusados de apropiación indebida Agustín Fernández Ameneiro, Julio Rodríguez Gil e Inmaculada Baltar, para los que ha ratificado, al inicio del juicio, una pena de 6 años de cárcel, aunque, ahora, el fiscal Vicente González Mota exculpa a Laura García Morey y Angeles Leis, de estos cargos.
Por último, para Carlos Ortín Barrón, José Alfonso Castro Mayoral, y Carlos Prats ha solicitado 3 años de prisión por considerarlos cómplices de apropiación indebida.
En la duodécima semana del juicio oral por este escándalo financiero, el Ministerio Público ha mantenido la petición de once años de cárcel para el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, y el número 2 de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna, por apropiación indebida y falsedad documental, al igual que la responsabilidad civil subsidiaria para La Caixa y Caja Madrid Bolsa.
El fiscal ha ratificado para Camacho la solicitud de la pena de 8 años de prisión y multa de 2 años, por importe de 175.492 euros, por el delito de apropiación indebida. Mientras que, por lo que ha considerado delito continuado de falsedad, ha solicitado para Camacho la pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses, por importe de 87.746 euros.
En la sesión de este lunes, el fiscal ha pedido las mayores condenas para Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna porque eran las personas que "actuaban coordinadamente engañando" a los clientes de Gescartera sobre el destino de sus ahorros, al ratificar su escrito previo de acusación de 2005 en su mayoría.
Según las investigaciones del fiscal, Camacho dispuso en interés propio de cerca de 7 millones de euros (1.158 millones de pesetas), a los que hay que añadir otros 5 millones de euros (832 millones de pesetas), que se sacaron de las cuentas de Gescartera en beneficio de las personas del entorno de Camacho, según el Banco de España.
Además de estos 12 millones de euros (más del 17 por ciento de las aportaciones netas totales de clientes -11.559 millones de pesetas o 69,71 millones de euros-), José María Ruiz de la Serna supo cómo ocultar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el dinero de los clientes no se encontraba invertido en activos financieros y cobró de forma indebida otros 2,7 millones de euros (460,5 millones de pesetas) de las cuentas de Gescartera desde 1998.
Por ello, el fiscal ha solicitado 11 años de cárcel al igual que para el principal comercial de Gescartera, Aníbal Sardón, quien se lucró de fondos de los clientes por importe de cerca de 500 millones de pesetas (aproximadamente 3 millones de euros), y para quien el fiscal pide además otros cinco meses de prisión o multa de 72.120 euros.
Para Pilar Giménez Reyna, Francisco Javier Sierra de la Flor, y Miguel Ángel Vicente, en su momento presidenta, apoderado, y jefe de mantenimiento de Gescartera, respectivamente, el fiscal ha solicitado 8 años de prisión, por el delito de apropiación indebida.
También han sido acusados de apropiación indebida Agustín Fernández Ameneiro, Julio Rodríguez Gil e Inmaculada Baltar, para los que ha ratificado, al inicio del juicio, una pena de 6 años de cárcel, aunque, ahora, el fiscal Vicente González Mota exculpa a Laura García Morey y Angeles Leis, de estos cargos.
Por último, para Carlos Ortín Barrón, José Alfonso Castro Mayoral, y Carlos Prats ha solicitado 3 años de prisión por considerarlos cómplices de apropiación indebida.