El pasado viernes, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el segundo fondo de inversión local para los ayuntamientos dotado con 5.000 millones de euros. Tras la reunión, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, compareció ante los medios para anunciar el proyecto.
El ex presidente de la junta andaluza presentó un plan que pretende maquillar la destrucción de empleo mediante pequeñas obras públicas la y renovación de equipos informáticos en los consistorios.
Sin embargo, pocos miraron la letra pequeña de la referencia del Consejo de Ministros de aquel día. Entre las medidas aprobadas se encontraban veintisiete "propuestas de acuerdo conjuntas de contribuciones voluntarias" a distintos organismos y programas internacionales a cargo del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), por un importe total de 189.946.800 euros.
Resulta extraño que el Gobierno se dedique a donar dinero a organismos internacionales cuando la caja estatal está vacía. Es más, tiene unos números rojos superiores a los 62.000 millones de euros sólo en lo que va de año y el Tesoro se ve obligado a realizar emisiones de deuda pública cada semana para que el Estado pueda hacer frente a los gastos.
Pero el enorme agujero en las finanzas públicas no obstaculiza las pretensiones del Ministerio de Exteriores, especialmente cuando se trata de donar fondos a países dirigidos por dictadores o por políticos aupados al sillón presidencial en procesos electorales de dudosa legalidad. Sirva como ejemplo la condonación de la deuda boliviana que realizó el presidente de Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, a pesar de que el país que dirige Evo Morales goza de superávit fiscal.
La partida de dinero más importante que fue aprobada en el pasado Consejo de Ministros fue la destinada a la "seguridad alimentaria". En concreto, se trata de 92,2 millones de euros para organismos que "trabajan en África y desde plataformas de integración regional". Así 80 millones irán a un programa del Banco Mundial, 10,2 millones para la "Nueva Alianza para el desarrollo de África" y dos millones para "remesas en áreas rurales del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola".
Es destacable que este tipo de ayudas no incorporen nunca la exigencia de eliminar barreras al comercio de alimentos con el tercer mundo. Si se acabara con los aranceles y las subvenciones los países africanos podrían vender sus productos en Europa y EEUU. Pero los Gobiernos occidentales prefieren dar el dinero directamente a los gobernantes, lo que genera más problemas que soluciones.
Los gobiernos no erradican el hambre
Como señala el profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rallo, "la erradicación del hambre no vendrá de la mano de gobiernos y burocracias ahítos de quitarle más dinero al empresario, sino de la continua extensión de los mercados a todos los lugares del mundo... incluyendo a África".
Este enfoque es compartido también por intelectuales africanos. La economista Dambisa Moyo ha sacudido los cimientos del pensamiento progresista políticamente correcto. En su libro Dead Aid rechaza las ayudas económicas de los países más desarrollados porque estas inyecciones de dinero son las que están hundiendo al continente africano.
La tesis principal del libro es que la ayuda de los países occidentales está matando a África. Una vez superado el rechazo inmediato que genera este argumento en nuestras mentes inundadas por el pensamiento progresista políticamente correcto la economista africana justifica su enfoque con sólidos argumentos.
Moyo aboga por detener las ayudas económicas a los países africanos, excepto en caso de calamidades o catástrofes puntuales (como sucede cuando hay un terremoto o una sequía en el primer mundo), dejando que el continente construya una economía propia en el curso de los próximos cinco años.
El principal argumento de la economista para abolir la actual estructura de ayudas es que la mayoría de gobernantes africanos siguen en sus puestos porque el dinero sigue llegando desde Occidente.
Los responsable políticos (en su mayoría tiranos o dictadores disfrazados de demócratas) no están obligados a mantener y mejorar las infraestructuras de sus países respectivos, porque se da por hecho que no tienen capacidad para ello.
De esta forma los dirigentes africanos no tienen responsabilidad alguna de lo que pasa y pueden seguir empleando el dinero en lo que les parezca oportuno, siempre ligando el gasto a su beneficio personal.
La otra gran línea de "ayudas" aprobada por el Gobierno español es la destinada al "cambio climático". El Ministerio de Exteriores asegura que "se trata de un importante compromiso, pues es prioridad en la agenda de cooperación y también en la próxima Presidencia española de la Unión Europea". Son cinco contribuciones en este sector, que suman casi 20 millones de euros y que van directamente a Naciones Unidas.
Finalmente, casi 40 millones de euros van a actuaciones sanitarias en el exterior y 6,5 millones a cuestiones "de género", por usar las mismas palabras del Gobierno. En concreto, 4,5 millones van al Instituto internacional de investigación y capacitación de las Naciones Unidas para la promoción de la mujer y un millón de euros al Plan Acción de género en el Banco Mundial.