LD (EFE) El Defensor concluye que el Impuesto sobre Sucesiones necesita una reforma que cubra las actuales deficiencias técnicas y sociales que presenta su actual regulación. Según la nota de prensa emitida por esta institución, al tratarse de un tributo estatal, aunque cedido a las Comunidades autónomas, debe ser el propio Estado el que inicie el proceso reformador y no que las Comunidades decidan sobre un impuesto que no les pertenece. De lo contrario, agrega, "nos encontraríamos con la aplicación desigual" de un mismo impuesto en todo el territorio nacional, aunque el principio de autonomía financiera lo permita.
Entre las razones que han llevado al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, a recomendar la supresión del impuesto de sucesiones en las herencias directas se encuentra la necesidad de evitar desigualdades en su aplicación y la escasa recaudación que representa , que impide el cumplimiento de la función distributiva, que el artículo 31 de la Constitución española atribuye a todos los impuestos.
A juicio de esta institución, el actual sistema provoca que los verdaderos contribuyentes del impuesto sean herederos que han recibido patrimonios medios o bajos y que no disponen de los recursos necesarios que les permita crear la estructura empresarial para eludir el gravamen. Agrega además que el actual sistema puede llegar a producir el efecto contrario del deseado pues se castiga al ahorro de las rentas del trabajo y de las rentas del capital y provoca que no se cumplan los principios de igualdad, progresividad y no confiscatoriedad que el artículo 31 de la Constitución establece .
El Defensor señala que el actual panorama fiscal en el que las herencias directas no tributan por este impuesto ni en el País Vasco ni en Navarra ha provocado que la Comunidad Autónoma de Cantabria, que sufre con mayor intensidad la situación fiscal del País Vasco, haya reducido sensiblemente la presión fiscal por el Impuesto de Sucesiones en estas herencias, con el fin de evitar "la deslocalización de la riqueza". Por igual motivo, la Comunidad de La Rioja ha establecido reducciones para la adquisición de empresas individuales y negocios profesionales.
Entre las razones que han llevado al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, a recomendar la supresión del impuesto de sucesiones en las herencias directas se encuentra la necesidad de evitar desigualdades en su aplicación y la escasa recaudación que representa , que impide el cumplimiento de la función distributiva, que el artículo 31 de la Constitución española atribuye a todos los impuestos.
A juicio de esta institución, el actual sistema provoca que los verdaderos contribuyentes del impuesto sean herederos que han recibido patrimonios medios o bajos y que no disponen de los recursos necesarios que les permita crear la estructura empresarial para eludir el gravamen. Agrega además que el actual sistema puede llegar a producir el efecto contrario del deseado pues se castiga al ahorro de las rentas del trabajo y de las rentas del capital y provoca que no se cumplan los principios de igualdad, progresividad y no confiscatoriedad que el artículo 31 de la Constitución establece .
El Defensor señala que el actual panorama fiscal en el que las herencias directas no tributan por este impuesto ni en el País Vasco ni en Navarra ha provocado que la Comunidad Autónoma de Cantabria, que sufre con mayor intensidad la situación fiscal del País Vasco, haya reducido sensiblemente la presión fiscal por el Impuesto de Sucesiones en estas herencias, con el fin de evitar "la deslocalización de la riqueza". Por igual motivo, la Comunidad de La Rioja ha establecido reducciones para la adquisición de empresas individuales y negocios profesionales.