LD (Lorenzo Ramírez) Las regulaciones que diseñan los países para paliar los denominados “fallos de mercado” y “proteger” a los consumidores ante un cambio de ciclo económico lastran sus competitividad, perjudican la productividad y frenan el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), según un informe elaborado por el Banco de España para calibrar el impacto de las cargas administrativas en España.
Y España no se encuentra, precisamente, en una situación de privilegio respecto al resto de sus socios comunitarios. La burocracia genera un coste anual para las empresas que operan en el territorio nacional que supera los 50.000 millones de euros cada año, lo que equivale al 4,6 por ciento del PIB. Sólamente las empresas griegas, polacas y húngaras pagan a sus Administraciones Públicas más dinero que las españolas.
Una de las principales razones que explican la brecha se encuentra en la estructura territorial nacional. Según el estudio del Banco de España, elaborado por el Servicio de Estudios del organismo supervisor, “existe clara evidencia de que las comunidades autónomas han aumentado su actividad regulatoria en los últimos años, incluso teniendo en cuenta el incremento del volumen de transferencias cedidas al Estado Central”.
Descentralización autonómica
En teoría, este proceso de descentralización autonómica –junto con la cesión de competencias a la Unión Europea- debía haber reducido las cargas administrativas del Estado. Nada más lejos de la realidad, ya que “su actividad regulatoria no parece haber disminuido a lo largo del tiempo. De hecho “este indicador ha experimentado un leve aumento sostenido desde los años ochenta”, cuando comenzó el proceso de traspaso competencial.
Además, el tejido empresarial español está dominado por pequeñas empresas –que representan el 94 por ciento del total- justo “las que soportan la mayor parte de los costes administrativos”. Los datos así lo certifican: las compañías con menos de diez trabajadores aportan el 74 por ciento de todo el dinero que reciben las Administraciones Públicas por este concepto, a pesar de dar empleo solamente al 20 por ciento de la población activa.
Dado estos antecedentes, y en respuesta al acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo celebrado en la primavera del pasado año, el Consejo de Ministros aprobó el pasado junio un plan de medidas que pretende reducir en un 30 por ciento las cargas y los costes administrativos que afectan a las empresas y especialmente a las pymes antes de 2012, “con el fin de favorecer tanto la creación como la disolución de empresas”.
Plan del Gobierno insuficiente
Pero este proyecto, no tendrá una repercusión importante en la efectiva reducción de los costes burocráticos, a tenor de las líneas avanzadas en el pistoletazo de salida del diálogo social que engloba a empresarios, Gobierno y sindicatos. En esta “hoja de ruta” no se incluye la reforma laboral para hacer más flexible el mercado ni la rebaja de las cotizaciones sociales que pagan las compañías, sino que plantea una mejora de la eficiencia del modelo mediante la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los grandes temas quedan, una vez más, aparcados.
Pero este proyecto, no tendrá una repercusión importante en la efectiva reducción de los costes burocráticos, a tenor de las líneas avanzadas en el pistoletazo de salida del diálogo social que engloba a empresarios, Gobierno y sindicatos. En esta “hoja de ruta” no se incluye la reforma laboral para hacer más flexible el mercado ni la rebaja de las cotizaciones sociales que pagan las compañías, sino que plantea una mejora de la eficiencia del modelo mediante la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los grandes temas quedan, una vez más, aparcados.
Además, este plan no obliga a las comunidades autónomas, sino que incluye el “compromiso” del Ministerio de Administraciones Públicas de “incorporar a este esfuerzo” a ejecutivos regionales y ayuntamientos. Un proyecto que parece difícil de llevar al papel a tenor de la evolución de los ingresos fiscales, que están en caída libre como consecuencia del descalabro del sector inmobiliario.
De momento, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, el tributo más afectado es el Impuesto de Valor Añadido (IVA), con una recaudación que ha caído un 21 por ciento en el primer trimestre, afectado por los menores pagos de las pymes del sector constructor. Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) también registran descensos en la recaudación hasta marzo.
Asimismo, el incremento del desempleo es otro factor que dificultará la reducción de las cargas administrativas, ya que el aumento de las prestaciones exige un aumento de las recaudación del sector público. De momento, el Gobierno prevé gastarse 1.500 millones de euros en este concepto el próximo año, según el último cuadro macroeconómico.
Y una reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas “podría provocar un aumento del desempleo a corto plazo”, ya que las compañías necesitarían menos personal para realizar las tareas burocráticas, según el Banco de España. Este repunte adicional del paro afectaría en mayor medida a los servicios que al resto de los sectores. No obstante, si finalmente se lleva a cabo la citada reducción del 30 por ciento, se reduciría la presión inflacionista y se aumentaría la productividad.
El Banco de España pide compromisos concretos
Finalmente, es necesario recordar que el 40 por ciento del montante total –los 50.000 millones de euros- es consecuencia directa de las normativas comunitarias. Lo que reduce aún más la eficacia del plan aprobado por el Ejecutivo.
Por todo ello, el organismo supervisor solicita al Gobierno que la apuesta por la reducción de las costes empresariales derivados de la excesiva burocracia no se quede en agua de borrajas. En concreto, solicita que la reducción de cargas “sea una tarea que tenga continuidad en el tiempo, de manera que, no sólo se reduzcan las cargas administrativas impuestas por la regulación vigente, sino que también cuantifique y valore las derivadas de futuras iniciativas legislativas”.