LD (EFE) Los consejeros de la CNE se han reunido el pasado martes y este miércoles para analizar la documentación recibida y exponer sus puntos de vista, pero estos encuentros no se pueden considerar reuniones del Consejo de Administración porque no se han convocado formalmente. Los miembros del Consejo tienen ya en sus manos el informe de los servicios técnicos, las observaciones planteadas por el ponente, Jorge Fabra, y el informe del gabinete jurídico.
En las últimas horas, han ido llegando también a la CNE las alegaciones presentadas por las partes personadas en el proceso. El consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, explicó el pasado martes que la compañía ha pedido al organismo regulador que no imponga condiciones a la OPA de E.ON. El grupo alemán también ha formulado sus alegaciones. Las deliberaciones del Consejo podrían alargarse, ya que sus miembros está lejos de alcanzar un consenso mínimo.
Los consejeros más afines al PSOE están divididos y defienden opciones distintas, que van desde imponer condiciones asumibles hasta endurecerlas de tal forma que se conviertan en un "veto encubierto". De hecho, Fabra plantea en sus observaciones la posibilidad de exigir a E.ON la venta de Ruhrgas, su filial gasista, en un plazo de ocho meses, condición difícilmente asumible para el grupo alemán. Otras condiciones afectan al parecer a las participaciones de Endesa en centrales nucleares.
La posición es más homogénea en el bloque de consejeros cercanos al PP, aunque otras apuntan que también existen diferencias. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, dio por hecho que el Gobierno negocia con E.ON y pidió al Ejecutivo que no interfiera en las deliberaciones de la CNE. En este contexto, existen eventuales negociaciones entre las partes, posibilidad que han enfriado en las últimas horas tanto Miranda como el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca.
En cualquier caso, el Consejo de la CNE tiene sólo tres días para tomar una decisión. Si el organismo regulador no se ha pronunciado el sábado, la OPA de E.ON se considerará autorizada en virtud del llamado silencio administrativo positivo. La decisión de la CNE es vinculante, aunque puede ser recurrida ante el Ministerio de Industria y, posteriormente, por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional.
En las últimas horas, han ido llegando también a la CNE las alegaciones presentadas por las partes personadas en el proceso. El consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, explicó el pasado martes que la compañía ha pedido al organismo regulador que no imponga condiciones a la OPA de E.ON. El grupo alemán también ha formulado sus alegaciones. Las deliberaciones del Consejo podrían alargarse, ya que sus miembros está lejos de alcanzar un consenso mínimo.
Los consejeros más afines al PSOE están divididos y defienden opciones distintas, que van desde imponer condiciones asumibles hasta endurecerlas de tal forma que se conviertan en un "veto encubierto". De hecho, Fabra plantea en sus observaciones la posibilidad de exigir a E.ON la venta de Ruhrgas, su filial gasista, en un plazo de ocho meses, condición difícilmente asumible para el grupo alemán. Otras condiciones afectan al parecer a las participaciones de Endesa en centrales nucleares.
La posición es más homogénea en el bloque de consejeros cercanos al PP, aunque otras apuntan que también existen diferencias. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, dio por hecho que el Gobierno negocia con E.ON y pidió al Ejecutivo que no interfiera en las deliberaciones de la CNE. En este contexto, existen eventuales negociaciones entre las partes, posibilidad que han enfriado en las últimas horas tanto Miranda como el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca.
En cualquier caso, el Consejo de la CNE tiene sólo tres días para tomar una decisión. Si el organismo regulador no se ha pronunciado el sábado, la OPA de E.ON se considerará autorizada en virtud del llamado silencio administrativo positivo. La decisión de la CNE es vinculante, aunque puede ser recurrida ante el Ministerio de Industria y, posteriormente, por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional.