LD (EFE) Con la aprobación de esta Ley se acata la petición de la Comisión Europea, que en julio instó a España a ejecutar la sentencia de mayo de 2003 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que consideraba que la acción de oro es un privilegio que restringe la libre circulación en los mercados.
Para suprimir la acción de oro, se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas que estableció la Ley de privatizaciones de 1995.
El portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Fernando Castelló, aseguró que existe una "clara contradicción" entre esta norma y el Real Decreto que el Gobierno aprobó el 24 de febrero por el que amplió sus competencias en operaciones de compra en el mercado energético nacional cuando se vean involucrados intereses públicos.
Castelló argumentó que en la exposición de motivos de la Ley aprobada este miércoles se afirma que "la estabilidad de las empresas objeto de la normativa está asegurada y no se aprecian riesgos significativos para el desarrollo de su actividad", mientras que el Real Decreto aprobado en febrero decía, según este diputado, que "sí existían riesgos para la estabilidad de una de las empresas", en referencia a Endesa. Por todo ello, el diputado popular afirmó que tanto el grupo socialista, como los grupos que apoyaron ambas iniciativas deben dar explicaciones, ya que, a su juicio, es "imposible" justificar posiciones favorables ante ambas.
El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Ricard Torres, señaló que el trámite de este miércoles supone la adaptación de la normativa española al derecho comunitario y aseveró que actualmente "no se aprecian riesgos en el mercado", por lo que la Ley de 1995 que estableció el régimen de la acción de oro "ya cumplió su finalidad".
Según estaba previsto, el régimen de la acción de oro que afectaba a Telefónica prescribía el 18 de febrero de 2007 y el de Endesa lo hacía el 8 de junio de ese mismo año. A lo largo de este ejercicio la vigencia de este instrumento de control ha concluido en los casos de Repsol YPF, 6 de febrero, e Iberia, 3 de abril. La Ley aprobada hoy por la Comisión será remitida al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.
Para suprimir la acción de oro, se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas que estableció la Ley de privatizaciones de 1995.
El portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Fernando Castelló, aseguró que existe una "clara contradicción" entre esta norma y el Real Decreto que el Gobierno aprobó el 24 de febrero por el que amplió sus competencias en operaciones de compra en el mercado energético nacional cuando se vean involucrados intereses públicos.
Castelló argumentó que en la exposición de motivos de la Ley aprobada este miércoles se afirma que "la estabilidad de las empresas objeto de la normativa está asegurada y no se aprecian riesgos significativos para el desarrollo de su actividad", mientras que el Real Decreto aprobado en febrero decía, según este diputado, que "sí existían riesgos para la estabilidad de una de las empresas", en referencia a Endesa. Por todo ello, el diputado popular afirmó que tanto el grupo socialista, como los grupos que apoyaron ambas iniciativas deben dar explicaciones, ya que, a su juicio, es "imposible" justificar posiciones favorables ante ambas.
El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Ricard Torres, señaló que el trámite de este miércoles supone la adaptación de la normativa española al derecho comunitario y aseveró que actualmente "no se aprecian riesgos en el mercado", por lo que la Ley de 1995 que estableció el régimen de la acción de oro "ya cumplió su finalidad".
Según estaba previsto, el régimen de la acción de oro que afectaba a Telefónica prescribía el 18 de febrero de 2007 y el de Endesa lo hacía el 8 de junio de ese mismo año. A lo largo de este ejercicio la vigencia de este instrumento de control ha concluido en los casos de Repsol YPF, 6 de febrero, e Iberia, 3 de abril. La Ley aprobada hoy por la Comisión será remitida al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.