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El comprador final de Opel no se hará público hasta el próximo agosto

El nombre de la empresa que se hará cargo de General Motors (GM) Europa y de sus marcas Opel/Vauxhall no se conocerá hasta mediados del próximo mes de agosto, según una reunión celebrada en Bruselas entre GM Europa, los gobiernos de países afectados y la Comisión Europea.

Las particularidades de las dos ofertas que GM está valorando  para que se hagan cargo de la firma en los próximos años, correspondientes a Magna-Sberbank y RHJ International, y el calendario de las negociaciones pendientes centraron el encuentro.

La representación española, que estaba liderada por la secretaria general de Industria, Teresa Santero, contó con la asistencia de los consejeros aragoneses de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, y de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga. Por lo que respecta a GM, el encuentro fue presidido por la vicepresidenta Tayce Wakefield y el vicepresidente y miembro de la empresa fiduciaria, Enrico di Girolamo.


En el transcurso del encuentro se analizaron los diferentes planes productivos y de carácter industrial que tanto Magna, como Ripplewood y Beijin Automotive Industry han presentado a GM Europa, según informó el Ejecutivo aragonés en una nota de prensa.

Los asistentes, salvo en el caso de los representantes del Gobierno de Bélgica, que han puesto de manifiesto su preferencia por el proyecto que plantea la firma canadiense, no se pronunciaron al respecto.

Por lo que respecta al desarrollo de las negociaciones, los representantes de GM anunciaron que, previsiblemente, hasta mediados del mes de agosto no se dé a conocer la empresa que finalmente se hará cargo de la compañía dado que, en primer lugar, las ofertas se van a remitir a General Motors Corporation para un estudio detallado, tendrán que ser conocidas también por el Departamento del Tesoro Americano y se pondrán en conocimiento de los representantes de los trabajadores europeos.

Los consejeros aragoneses destacaron, además, la presencia en la reunión de la Comisión Europea dado que las ayudas públicas que finalmente los gobiernos pudieran conceder a la nueva compañía deberán ajustarse a la normativa europea.

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