Entre las novedades, destaca la clarificación de los supuestos en los que la autoridad financiera puede descartar a ciertos bancos con problemas para ser candidatos a recibir ayudas.
También reduce la lista de activos que pueden ser calificados como colaterales por los bancos para optar a préstamos en las subastas periódicas del BCE.
Además, se establece la posibilidad de que el BCE actúe contra los bancos privados que por sus problemas de solvencia, se han convertido en dependientes crónicos de su financiación.
En el comunicado, el BCE habla de "reducir los riesgos legales y crediticios" y "limitar o excluir" a ciertas "contrapartes (bancos) y (sus) activos" por "motivos de prudencia" económica.
Aunque se trata de modificaciones en su mayor parte de carácter técnico, la reforma conecta con las denuncias realizadas en las últimas semanas por el BCE en relación a las instituciones financieras privadas que dependen de su liquidez.
En este sentido, el presidente del BCE, Jean Cleaude Trichet, tachó la semana pasada de "anormal" el hecho de que algunos bancos de la zona euro fuesen incapaces de financiarse a través de los mercados financieros y dependiesen de la asistencia de la autoridad financiera común.
Por eso, instó a los gobiernos nacionales de los 16 países de la zona euro y a los gobernadores de sus bancos centrales a tomar medidas y resolver el problema.
Los bancos más afectados por la falta de liquidez se encuentran en los países de la zona euro con un mayor déficit público, entre los que destacan Irlanda, Grecia, Portugal y España.
El BCE estudia cómo desmontar el sistema de medidas excepcionales que aplicó hace dos años a raíz de la caída del gigante de la inversión estadounidense, Lehman Brothers, y volver a una situación similar a la de antes de la crisis financiera.