Así consta en el informe "La reforma del sistema de pensiones en España", donde la entidad gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez repasa toda una serie de reformas que se podrían acometer en algunos parámetros del sistema para garantizar su viabilidad en el futuro.
En dicho informe, el banco emisor explica que las pensiones actualmente se revalorizan en función del IPC previsto (del 2%)y se revisan al alza cuando la inflación es finalmente superior, y no a la inversa. Por esta razón, propone que se considere la posibilidad de efectuar también ésta revisión de manera automática cuando el IPC finalmente es menor al estimado.
Asimismo, afirma que el gasto del sistema se podría reducir extendiendo el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, algo que, a su parecer, podría aumentar la proporcionalidad del sistema y acercaría la situación española a la de otros países del entorno como Finlandia, Portugal y Suecia que lo tienen así establecido.
Por otro lado, la institución baraja como medida la posibilidad de aumentar el número de años cotizados por los que se llega a percibir el 100% de la pensión, reduciendo el porcentaje de la base reguladora que se percibe en el caso de haber cotizado el periodo mínimo (actualmente en el 50%) y las tasas con las que aumenta ese porcentaje inicial por cada año de cotización.
El Banco de España propone también retrasar la edad de jubilación actual en España, ya que el principal problema del sistema viene generado principalmente por el aumento de la relación entre los pensionistas y los contribuyentes. A su parecer, este cambio tendría efectos "muy positivos" sobre el equilibrio financiero del sistema, ya que, además, la edad legal es de 65 años, pero la efectiva supera ligeramente los 63 años.
Según la entidad, cualquier medida que vaya dirigida a desincentivar la jubilación anticipada, permitir y fomentar la ampliación de la vida laboral por encima de los 65 años e incluso retrasar la edad legal de jubilación, tendría efectos "positivos" en la viabilidad del sistema porque permitiría aumentar la población activa que puede cotizar y reduciría el gasto en pensiones.
Más años para obtener una pensión
Por otro lado, la institución gobernada por Fernández Ordóñez apunta a un incremento en el número de años necesarios para poder obtener una pensión de jubilación contributiva (actualmente en 15 años) como medida adicional con efectos reductores sobre el número de beneficiarios del sistema.
Asimismo, propone ligar la pensión recibida a la esperanza de vida, una medida que se ha aplicado de forma directa o indirecta en más de la mitad de países de la OCDE para ajustar de una manera más o menos automática las cuantías de las pensiones a esos incrementos y favorecer así la sostenibilidad del sistema.
Por el lado de los ingresos, dice que aumentar el tipo de cotización a la Seguridad Social tendría efectos positivos en el sistema, pero advierte de que provocaría consecuencias negativas en el empleo con un fuerte aumento del coste laboral, lo mismo que ocurriría con la eliminación de los topes salariales.
Según el Banco de España, todas estas reformas pueden efectuarse sin necesidad de modificar el actual sistema de reparto, aunque algunos países han optado por enmarcar todos estos cambios en uno de mayor envergadura, como el de Suecia y otros países de Europa Central y del Este.
Avanzar hacia un sistema capitalizado
En este sentido, recuerda que afrontar el problema del envejecimiento de la sociedad exclusivamente con las anteriores medidas "exigiría probablemente" una mayor contención de las pensiones, lo que hace necesario valorar y analizar otras opciones que permitan complementar los recursos del sistema contributivo público con el desarrollo de un sistema de capitalización.
En este sentido, advierte de que estos sistemas de capitalización tienen ventajas, pero también inconvenientes, por lo que considera que cualquier avance en esta dirección debe ir acompañado de una definición de los sistemas más adecuados para garantizar la transparencia. Además, recuerda que es complejo y que requiere un análisis detallado de cuestiones como el periodo de implantación y el carácter voluntario u obligatorio, entre otros.
Finalmente, el Banco de España afirma que las reformas en el sistema de pensiones resultan complementarias a las reformas estructurales que necesita la economía española para que su puesta en marcha gradual surta efectos cuando el fenómeno del envejecimiento empiece a incidir "con mayor virulencia".
La entidad hace todas estas recomendaciones de cara a la revisión del Pacto de Toledo que actualmente se estudia en la Comisión del Congreso de los Diputados y debido a que la brusca reducción de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida están transformando la estructura de la pirámide poblacional en España.