Se ha perdido una oportunidad de oro para realizar una reforma laboral profunda que elimine las rigideces del mercado, reduzca los costes de la contratación, limite el poder sindical y de la patronal, permita a las empresas adaptarse a los cambios del ciclo económico y, sobre todo, siente las bases para que la economía española cree puestos de trabajo cuando el ajuste concluya y se sienten las bases para la recuperación.
Nunca hubo tanta unanimidad en el diagnóstico de una modificación legislativa en la prensa económica. Hasta el diario más condescendiente con el régimen de Zapatero cuestiona la eficacia de la reforma laboral. El Gobierno podía haber aprovechado el rechazo sindical para meter la tijera y diseñar un modelo eficiente, pero eso sería pedir peras al olmo. El inquilino de La Moncloa ha preferido pactar con sus amigos de UGT y CCOO un enfrentamiento ficticio para que los inversores internacionales y las autoridades europeas crean que se ha aprobado una reforma laboral de calado. El jefe del Ejecutivo piensa que todos somos tontos y él muy listo. Así nos va.
Aunque el Gobierno ha abierto pequeñas rendijas que van en la dirección que demandaban casi todos los analistas, no se ha atrevido a demoler definitivamente los artículos que salvaguardan el poder judicial y sindical sobre el mercado laboral español. Así, el verdadero alcance de esta reforma queda en manos de la interpretación de jueces y árbitros, y de una negociación colectiva en la que los sindicatos mantienen buena parte de su control.
Todos los editorialistas dedican un espacio a la norma aprobada en el Congreso. Expansión titula: "insuficiente reforma laboral, sin punto y coma", en referencia al artículo que define las causas de despido objetivo. Al final la ley queda así:
Será un despido objetivo si las empresas demuestran "la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad para mantener el empleo".
Es decir, el PSOE quita el punto y coma que quiso introducir CiU. Fíjense en la diferencia de matiz:
Será un despido objetivo si las empresas demuestran "la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos (;) que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad para mantener el empleo".
Por su parte, El Economista coincide con el diario económico de Unidad Editorial, al considerar que se trata de una "reforma laboral insuficiente" porque "no hay cambios sustanciales que apoyen el empleo cuando haya una recuperación". Sorprende, y mucho, al análisis que hace Cinco Días, el periódico del Grupo Prisa, que tampoco confía en la eficacia de la modificación legislativa:
"Fruto de un complejo encaje de bolillos, la nueva legislación implica una mejora, pero está lejos de modernizar las relaciones laborales hasta equiparar España con la mayoría de los países de la OCDE. Por tanto, esta reforma no puede agotarse aquí y ha de tener continuidad. Lo aprobado ayer debe considerarse un primer eslabón nacido de la urgencia por apaciguar a unos mercados financieros internacionales y unos socios comunitarios que demandaron en primavera reformas urgentes", dice el editorialista de Cinco Días.
El otro gran tema de la jornada es la petición del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, que ha solicitado a las autoridades comunitarias que quiten el derecho al voto de los países que se salten los compromisos financieros de la zona euro, es decir, el límite de déficit público (3% del PIB) y de deuda (el 60% del PIB). El problema es que casi nadie cumple estas normas. Eso sí, en unos años sólo unos pocos países díscolos seguirán saltándose a la torera estos compromisos, y España será uno de ellos según las previsiones de todos los organismos internacionales.
Permítanme que cierre este resumen de prensa haciendo referencia a un reportaje que publica el diario El Economista sobre la crisis de Gobierno que prepara Zapatero. El periódico apunta a una vicepresidencia "de lo social" que tendría Manuel Chaves con una cartera que englobaría Trabajo, Seguridad Social e Igualdad. Bibiana Aído, por su parte, sería ministra de Sanidad. Aunque da pavor pensar en estos nombramientos, por lo menos uno se felicita de no ver a Leire Pajín en estas quinielas, aunque en otros medios suene como futura ministra.
La creación de una vicepresidencia "de lo social" encaja con la maquinaria de propaganda que está realizando el PSOE, modificando las estructuras de pensamiento para crear borregos que levanten el puño cuando mande el gran timonel. Como ya les he comentado en otra ocasión, la "economía social" es, según la tesis socialista, un conjunto de medidas de intervención estatal que sirven para acabar con la desigualdad de la sociedad, redistribuyendo la riqueza y creando un sistema de protección para los ciudadanos que tienen un menor poder adquisitivo. Aquí se incluiría principalmente el gasto en Sanidad, Educación, Seguridad Social. Planteado de esta forma, ¿quién podría negarse a aumentar el "gasto social"?
Sin embargo, como sucede con todas las políticas colectivistas, el impulso del "gasto social" es una gran trampa que acaba con la poca capacidad de maniobra de la que disfrutan los ciudadanos. El socialismo utiliza al Estado, gracias a que se ha otorgado el monopolio de la violencia (con la policía y los tribunales) y del robo institucional (con el cobro de impuestos), para cercenar las libertades individuales y atentar de forma sistemática contra los derechos de propiedad, todo ello con el único objetivo de que los políticos y las personas y empresas que ellos elijan se aprovechen del trabajo diario del resto de la población. Y todo dirigido por Don Manuel, el rey del paro y del PER.