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De la Vega ofrece diálogo a los agricultores aunque dice que responderá con firmeza a las amenazas

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Ejecutivo hará cumplir "firmemente" la ley para defender el interés general de los ciudadanos, al tiempo que ha ofrecido diálogo a los sectores afectados por la subida del gasóleo, entre ellos el agrícola, que ha anunciado nuevas protestas. A pesar de que a pescadores y transportistas les ha dado buen resultado, la vicepresidenta ha dicho que "pedir una solución al tiempo que se amenaza, no parece un buen sistema".

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Ejecutivo hará cumplir "firmemente" la ley para defender el interés general de los ciudadanos, al tiempo que ha ofrecido diálogo a los sectores afectados por la subida del gasóleo, entre ellos el agrícola, que ha anunciado nuevas protestas. A pesar de que a pescadores y transportistas les ha dado buen resultado, la vicepresidenta ha dicho que "pedir una solución al tiempo que se amenaza, no parece un buen sistema".
LD (Agencias) "El Gobierno no dudará a la hora de aplicar firmemente la ley para defender el interés general y los derechos de absolutamente todos los ciudadanos", dijo De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Me gustaría que los ciudadanos tengan la completa seguridad de que el Gobierno no se cansará de utilizar el diálogo en la búsqueda de soluciones a los problemas que puedan plantearse hoy y en estos días", indicó la vicepresidenta.
 
Tras referirse al acuerdo alcanzado ayer por el Ejecutivo con los pescadores para compensar la subida del gasóleo, la vicepresidenta afirmó que "el Gobierno ha cumplido con su obligación" al escuchar a los pescadores y respetar su derecho de huelga. No obstante, advirtió de que "pedir una solución al tiempo que se amenaza, la verdad es que no parece un buen sistema", en alusión al anuncio de organizaciones agrarias de llevar a cabo cortes de carretera.
 
"Ante las propuestas, este Gobierno es dialogante, pero ante las amenazas somos firmes porque tenemos la obligación y el compromiso de defender los intereses generales, de todos los ciudadanos y de preservar sus situaciones", recalcó. En esta linea hizo hincapié en que aunque el derecho de huelga está consagrado en la Constitución, "no autoriza todo, ni permite todo", por lo que "hay que ejercer los derechos en el ámbito que la ley establece". Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, resaltó los márgenes de actuación permitidos por la Unión Europea para paliar los efectos de la subida del gasóleo.
 
Acaba la huelga de pescadores y empiezan las protestas de agricultores
 
De la Vega hizo estas declaraciones después de que el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, anunciase que su organización llevará a cabo cortes de carreteras, en toda España, si antes del día 15 de noviembre el Gobierno no responde a sus reivindicaciones para compensar la subida del gasóleo. Barato, que pidió unidad al resto de las organizaciones agrarias mayoritarias, se suma así a las movilizaciones, anunciadas el jueves, por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
 
Mientras los agricultores amenazan con huelgas y cortes de carreteras, la normalidad ha vuelto a los mercados centrales de abastecimiento, especialmente a los del litoral Mediterráneo, tras varios días de conflicto y de bloqueo de los puertos, en protesta por el precio de los carburantes, lo que provocó el desabastecimiento de pescado. La flota vasca, que fue la última en sumarse a la protesta por el alza del gasóleo y la última, también, en suspender la protesta, comenzó la pasada medianoche a desbloquear los puertos de Bilbao y Pasajes.

La protesta de los pescadores ha dejado tras de sí unas pérdidas importantes tanto en el puerto de Barcelona como en Mercabarna, que según fuentes de la Autoridad Portuaria se elevan a casi 10 millones de euros. Los mayoristas de Mercabarna calculan que han dejado de ingresar más de 4 millones de euros, mientras que las pérdidas económicas en los puertos valencianos superan los 30 millones de euros, según fuentes del sector.

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